Santa Cruz crea planes para evitar que ingresos vayan al Gobierno
La población cruceña asume la desobediencia civil ante la falta de respuesta de las instituciones llamadas por ley a la resolución al conflicto político que encaran desde la detención del gobernador Fernando Camacho; por lo tanto, encaran estrategias para frenar los recursos hacia el nivel central.
Una de las medidas ya asumidas es la suspensión de aportes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) por la indolencia ante la crisis que vive el pueblo cruceño.
Otra medida de desobediencia es la evasión de la emisión de facturas para restar ingresos al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y, de esta manera, al Gobierno central.
En las redes sociales se lee, por ejemplo, que los comensales son advertidos de no recibir factura en cumplimiento a la determinación cívica de evitar que los recursos de la región lleguen al Gobierno central.
Otra medida de protesta es la advertencia de cortar la dotación de recursos económicos y bienes a la Policía.Los concejales Lola Terrazas y Luis Alberto Vaca recomendaron, a través de una minuta de comunicación, que mientras la institución policial no brinde un informe de sus acciones se le suspenda la dotación de recursos y bienes muebles e inmuebles.
La solicitud se da tras los hechos suscitados en la ciudad de Santa Cruz luego de la aprehensión del gobernador Camacho.
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera explica que se trata una forma de resistencia ante la indiferencia de las autoridades centrales de promover instancias de diálogo, pacificación y negociación con la población cruceña que se siente afectada por el exceso de violencia en su contra.
Explica que la desobediencia civil “parte de una lamentable y profunda crisis política estamos enfilando como Estado como consecuencia de la desinstitucionalización democrática en el país”.
Lamenta que desde la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) se produjo un proceso de desinstitucionalización por los gobernantes que la invocan cuando responde a sus intereses de ejercer el poder y la vulneran cuando se contrapone a sus pretensiones e intereses
Por lo tanto, a juicio de Rivera, se debilitó gravemente la institucionalidad democrática, generando un estado de inseguridad jurídica, “lo que da lugar a que la ciudadanía salga a las calles y asuma acciones de hecho en reclamo al respeto a sus derechos fundamentales, el respeto a la institucionalidad democrática por parte del Estado al no contar con seguridad jurídica, al no contar con un sistema judicial independiente, competente e imparcial”.
“Esas conductas son parte de este proceso que se está generando lamentablemente nuestro país”, finalizó Rivera.
Molestia de los ciudadanos
La Uagrm decidió retirar aportes al CEUB y exige la renuncia inmediata de dos autoridades. También habrá un descuento obligatorio del 1 por ciento del salario de docentes y administrativos. Esos recursos serán destinados a las diferentes comisiones conformadas. Participaron varias autoridades en la asamblea universitaria.
La ciudadanía cuestiona, en las redes sociales, que el 80 por ciento de la población productiva no emite factura porque trabaja en el sector informal y, por otro lado, se acuse de fraude a las empresas formalmente establecidas que cumplen con todas sus obligaciones establecidas por la normativa.
