Expertos alertan que suman las amenazas que ponen en riesgo las elecciones judiciales
Acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), falta de paridad de candidatos en lo que va del proceso de selección y dificultad de contar con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son tres riesgos que pueden frenar las elecciones judiciales, señalaron expertos.
Para el analista político Marcelo Aruquipa, las amenazas sobre el proceso de elecciones judiciales repercuten en la incertidumbre de la ciudadanía.
Pese a los consensos logrados en el proyecto de ley y en el trabajo de las judi-ciales ve una suerte “de mercado de oferta y demanda de los operadores de justi-cia, ya sea jueces o magistrados para complicar el proceso”.
Aruquipa consideró que la política debe imponerse y llevar adelante las elec-ciones porque de otra manera no habrá certeza de cuándo se pueda realizar las elecciones de las nuevas autoridades del TCP y Órgano Judicial.
El abogado constitucionalista remarcó que si tienden a salir otros amparos, puede constituirse en una intención de “postergar indefinidamente el proceso de preselección, para así mantener indefinidamente” a los vocales prorrogados.
La aprobación de la lista de precandidatos como 2/3 en el Legislativo también es otros obstáculo para continuar en el proceso, sostuvo Del Granado.
Sobre el tema, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Mamani, dijo que las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, acordaron retomar sus labores el próximo martes para continuar con la fase de examen oral y escrito a los aspirantes al Órgano Judicial, pese a la vigencia de un amparo constitucional que frena el proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales
“Hemos sido claros en la Comisión Mixta, hemos indicado que vamos a conti-nuar el trabajo en día martes, ya que si no lo hacemos vamos a tener problemas con los plazos. Es importante para ver subcomisiones y así garantizar los plazos”, explicó.
A criterio del legislador, los amparos constitucionales son de orden personal y no deberán paralizar el trabajo de selección de postulantes a las judiciales. Las comisiones deben entregar hasta el 26 de abril la lista de los preseleccionados, recordó el legislador.
El miércoles debió iniciar la segunda etapa de evaluación de méritos con prue-bas escritas y orales a los aspirantes a las elecciones judiciales, sin embargo, esta fase está en suspenso tras una orden constitucional para paralizar el proceso de forma momentánea.
Se conoce que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó detener el proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales tras un amparo constitucional interpuesto por la abogada Margarita Medrano Mayta contra la Comisión Mixta de Constitución y Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo.
Además, las Comisiones Mixtas fueron notificadas este viernes con otros cinco amparos constitucionales para frenar el proceso de selección de aspirantes.
Desde la Dirección Jurídica del Senado señalaron que las acciones de amparo de candidatos, principalmente, no puede detener el proceso.
Entre los petitorios hay cuatro casos en los que los demandantes piden que se deje sin efecto resoluciones específicas y se disponga la habilitación y consiguiente ingreso a la fase de revisión y calificación de méritos.
Algunas acciones de amparo
Existe, por lo menos, 15 amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados descontentos que amenazan con frenar las elecciones judiciales.La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó la suspensión del proceso a instancias de Margarita Medrano, inhabilitada en la lista de postulantes.
El primero fue el 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido por Miguel Ángel Balcázar contra el reglamento.