La oposición venezolana, que se había unido en una lista común para tratar de ganar las elecciones, no reconoce la victoria del oficialista Nicolás Maduro, adelantada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Una mujer increpó ayer al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, en la ciudad de Santa Cruz. Se puso al frente de la autoridad y le reiteró una y otra vez que la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que en el país hubo fraude en las elecciones nacionales de 2019.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende sacar de discusión el fraude de 2019 bajo la consigna de concentrar la atención en el debate sobre golpe de Estado o autogolpe; sin embargo, desde la vicepresidencia del MAS ven que el Gobierno es el artífice de las últimas revelaciones con el fin descalificar el liderazgo de Evo Morales, según analistas políticos.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el proyecto de ley de transparencia y control electoral con miras a las elecciones generales de 2025. El objetivo principal es evitar conflictos poselectorales en el país como los ocurridos en años recientes.
Una denuncia de un presunto fraude electoral derivó en violentas protestas en Paraguay que dejó varios destrozos, entre ellos un carro policial que fue quemado; además de 80 personas detenidas.
El Ministerio de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron ayer un acto de reconocimiento a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de tribunales departamentales denunciados por cometer fraude en las elecciones de 2019, en un evento de desagravio por violaciones a sus derechos humanos.
El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, insistió ayer en convocar a declarar a los obispos de la Iglesia católica por el caso golpe de Estado I, y desde el clero indicaron que el “Gobierno quiere hacer creer que fue golpe y la población sabe que fue fraude”.
El Gobierno pretende instalar su versión de que en Bolivia en 2019 hubo “golpe de Estado” y enterrar el caso fraude electoral para acelerar los procesos penales