Mérida puede dar bono sujeto a ley
Ante la controversia que ha generado el fallo del Juzgado Civil Comercial No. 6, que dispone el pago del Bono de Incentivo a 60 funcionarios por 350.000 dólares en el municipio de Quillacollo, el representante de la Contraloría General del Estado, David Barriga, dijo que el beneficio se puede pagar cumpliendo la ley.
“Tanto el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 2028 de Municipalidades prevén el pago del Incentivo Funcional, pero el mismo debe otorgarse bajo los requisitos que establecen las normas. Que dicen: primero que exista carrera, segundo tiene que haber evaluación de desempeño, que deben tener parámetros de excelencia, eficiencia y otras cosas más”, explicó.
El alcalde Eduardo Mérida reiteró ayer en un cabildo que no pagará el bono porque la Contraloría no lo reconoce y recordó que los alcaldes que dieron este beneficio afrontan procesos.
Pero, el representante de la Contraloría señaló: “Nosotros no hemos dicho que este laudo sea legal o ilegal. Lo que decimos es que el pago del bono debe estar amparado en la Ley 2028 de Municipalidades y el Estatuto del Funcionario Público”.
Siguió: “No le están diciendo que vulnere la norma. Sino que él puede pagar según la norma y a quien le corresponde, pero no es de carácter retroactivo”.
Explicó: “La Contraloría realizó una auditoría al pago del 2004, 2005 y 2006 donde encontramos diversas observaciones respecto al fundamento legal del pago. Por lo tanto, si ahora este punto del laudo se diera en las mismas condiciones que entonces, pues sí podría declararse ilegal”.
Los requisitos para el pago están previstos en el artículo 37 de la Ley del Funcionario Público y en el artículo 70 de la Ley Municipalidades 2028. Sin embargo, el secretario general de la Alcaldía, Marco Antonio Gálvez, dijo que ninguno de los funcionarios es de carrera, por lo tanto amparados en los artículos, no correspondería el pago del bono. Aseguró que el laudo sólo dice: “Páguese a todos”.
Alcalde y Concejo
El Alcalde presentó ante el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social No 1 una queja por el amparo que fue rechazado por el Juzgado Civil Comercial. Dijo que si la juez no declina su determinación de obligar a pagar el bono podría procesar por daño económico y prevaricato a la juez Mercedes Huanca.
Aseveró que se trata de una medida que afecta de sobremanera la economía de Quillacollo. “Me fabrican procesos para sacarme de la Alcaldía”, dijo.
El presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, indicó que el Alcalde debe buscar el diálogo, como lo hicieron autoridades pasadas, pues como Concejo no aprobarán ningún reformulado que reste recursos a obras.
REVOCATORIO PARA CONCEJALES
Un cabildo resolvió ayer recolectar firmas para solicitar un referendo revocatorio para los concejales de Quillacollo. Además, dio un plazo de 48 horas para que la juez Mercedes Huanca, que dictó el fallo que obliga a pagar el bono suspenda la orden de detención del alcalde Eduardo Mérida, informó el presidente del Comité Cívico de Quillacollo, Freddy Maldonado.
La concentración realizada en la plaza 15 de Agosto contó con la participación de vecinos de los 10 distritos, comerciantes y transportistas. Los manifestantes llegaron hasta el Concejo Municipal con ataúdes y muñecos.
El cabildo determinó mantener el estado de emergencia. “La mayoría se ha pronunciado en primer lugar para pedir la revocatoria de los concejales que hacen caso omiso al pueblo. Como segundo punto se pide el respeto a la democracia y la economía, que están en peligro. Finalmente, se da 48 horas a la juez para que revoque el mandamiento de apremio contra el Alcalde”, dijo.
OPINAN SOBRE ALCANCES LEGALES
Eduardo Mérida, alcalde de Quillacollo
Esto es delito desde los árbitros y asimismo las jueces que han amparado. También tienen que presentarse los dirigentes del Sindicato, que saben de la ilegalidad de esta solicitud.
El pueblo de Quillacollo tiene todo el derecho de pedir justicia, porque son las arcas del municipio. Y vamos a exigir a la juez que cumpla con la Ley y retire la orden de apremio que hay en mi contra.
Víctor Osinaga, presidente del Concejo Municipal de Quillacollo
Se ha venido indicando que estaría en riesgo obras en salud, educación y demás, lo cual es totalmente falso. El Concejo Municipal no va a permitir la aprobación de ningún reformulado que ponga en riesgo los proyectos. Por eso, tenemos la Ley de nuestro lado. La norma no permite utilizar recursos de inversión en funcionamiento. El Alcalde debería buscar el diálogo para que el pago no afecte a la economía.
Silvano Arancibia, rpte. Consejo Magistratura
El Consejo no tiene atribuciones en el amparo, ni el mandamiento de apremio, porque son decisiones netamente jurisdiccionales.
El tema del amparo se fue a Sucre para revisión, hasta que el mismo vuelva no podemos hacer presunción de prevaricato contra la juez. Debemos esperar los resultados de la consulta. Mientras tanto no podemos hacer nada al respecto.
David Barriga, rpte. Dptal. de la Contraloría
La Contraloría realizó una auditoría al pago del 2004, 2005 y 2006 donde encontramos diversas observaciones respecto al fundamento legal del pago. Por lo tanto, si ahora este punto del laudo se diera en las mismas condiciones que aquel entonces, pues sí podría declararse ilegal.
El pago debe realizarse conforme a los criterios que establece la norma para que sea legal.
