Descontentos

Una falacia habitual consiste en centrarse exclusivamente en las falencias del sector público. La realidad es mucho más compleja

Las dificultades que enfrenta el país actualmente en el asunto de la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción dan cuenta de la percepción de que “todo sigue igual”. El último conflicto entre los cooperativistas mineros y el Gobierno ha desnudado esa realidad impresa en nuestra historia, y es que los movimientos sociales consideran que los hechos de fuerza son un factor legitimador esencial, y el insuperable apoyo para que los Gobiernos atiendan sus exigencias. Este fundamentalismo muestra un semblante importante de las tácticas utilizadas por los intransigentes, y de hecho, representa una característica trascendente de la sociedad boliviana en su conjunto, que es la no autolimitación por principios.

Como el Gobierno nunca ha encontrado un mecanismo integrador comparable al dinero o al poder, la defensa que hace de la conservación de los límites o, de la autonomía auto productiva, no parece convincente. Incluso la inserción de los caprichos dentro del sistema legal, es incapaz de plasmar otras ventajas para el resto de la sociedad, aparte de motivar funcionalmente la necesaria falsa conciencia de sus aliados. La idea de la legislación como un sistema simbólico abierto, parece ser sólo una faceta parcial del problema o, en el mejor de los casos, un objeto de deseo normativo para la reconstrucción de las leyes. Ésas son las consecuencias de abandonar los vínculos constitutivos de la ley a una estructura de acciones, asociaciones y comunicaciones, y de la aceptación unilateral de una relación privilegiada de un grupo de interés con el sistema político, deficiencia equilibrada sólo parcialmente con la justificación de la conquista del poder. Lo difícil es ver ahora, de qué manera el Gobierno reconcilia en la realidad, la señal de que puede ejercer el control político de la legislación, con la premisa de que sólo la ley puede cambiar otra ley. La idea de la autonomía de la ley respecto a la política, requiere un contexto institucional independiente, sin los peligros de una instrumentalización alternativa ya sea política o económica.

El discurso oficial se concentró en la ampliación de la igualdad y la solidaridad, sin embargo, con los problemas actuales, el reformismo inicial se ha reducido a una forma de administración de la crisis, una estrategia básicamente conservadora, incapaz de tratar con su propia ambigüedad en lo que se refiere a la ampliación de la libertad y la solidaridad.

La proliferación de protestas y reivindicaciones reclama la necesidad de un reformismo renovado, que representa decisiones políticas difíciles. Una falacia habitual consiste en centrarse exclusivamente en las falencias del sector público. La realidad es mucho más compleja, dado que los fuertes intereses sectoriales suelen ejercer influencia indebida en la formulación de las políticas públicas, las instituciones y la legislación A menos que se registren mejoras en la capacidad de gestión, la rendición de cuentas y el control de la corrupción, los resultados de nuevas reformas serán muy limitados, engendrando un mayor número de descontentos.

El autor es docente universitario.