Acusado de asesinar a Illanes acepta entregarse
El Defensor del Pueblo, David Tezanos, convenció ayer a la población de Viloco y al propio Ángel Aparaya de trasladarse hasta La Paz para prestar su declaración sobre el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes. El minero, sindicado por el Gobierno como el principal autor de esa muerte, pidió entregarse directamente al fiscal general, Ramiro Guerrero, quien lo esperó hasta pasada la medianoche en la Fiscalía paceña.
Aparaya argumentó que quiere evitar contacto con la Policía porque teme torturas.
Según Tezanos, el minero fue acompañado de comunarios como testigos. “Manifiestó que siempre quiso declarar, que no se lo buscó, que estaba coordinando con su abogado, pero los allanamientos que se habían realizado le hicieron temer”, dijo.
A las 24:45 llegó Ángel Aparaya a la Fiscalía de La Paz en el vehículo del Defensor del Pueblo desxde Viloco y se declaró inocente.
El minero, acusado de la muerte del viceministro Illanes, dijo que declarará ante la comisión de fiscales de manera voluntaria y en calidad de investigado.
Posteriormente se determinará su situación legal, luego de la imputación que harán hoy los fiscales por el delito de asesinato.
Horas antes (a las 23:00) David Tezanos en contacto con BTV, dijo que “se le explicó (a Aparaya) que el Fiscal ofrecía todas las garantías y que podíamos acompañarlo, de esta manera él ya está con nosotros y nos estamos dirigiendo” en camino a la ciudad de La Paz.
Una comisión dirigida por el Defensor del Pueblo fue ayer hasta el centro de la comunidad de Viloco para participar de un cabildo en el que también estaba presente el minero Ángel Aparaya. El objetivo era pacificar la situación tensa que vive esta población desde el pasado jueves, cuando en horas de la madrugada ingresó un contingente policial para aprehender al cooperativista.
El Defensor informó, según Erbol, que visitó el domicilio de Aparaya y se reunió con su familia y autoridades locales, donde pudo constatar la preocupación que existe en Viloco ante otra intervención policial. El centro minero se declaró en emergencia y suspendió actividades educativas después de la intervención policial fallida pero que terminó con varios heridos de balín.
“Una cuestión que queremos es que se pueda realizar en el marco de precautelar la vida, la seguridad, de las personas, es que se evite una aprehensión con utilización de la fuerza”, dijo Tezanos.
En horas de la mañana, el fiscal Guerrero rechazó las condiciones de Aparaya de declarar en Viloco y recordó que la Policía debe cumplir con la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público.
Tezanos también informó que en su visita a Viloco recibió los testimonios de varias personas que aseguran la inocencia de Ángel Aparaya en el asesinato de Rodolfo Illanes.
Según estas versiones, Ángel no estaba en el sector donde se victimó a Illanes, sino que se encontraba al cuidado del cuerpo de su primo Rubén Aparaya, quien momentos antes falleció por disparo de arma de fuego.
El Gobierno, por su parte, sostiene que existen testimonios que identifican a Aparaya como el principal asesino de Illanes.
Tezanos señaló que los testigos a favor del minero tienen temor de presentarse a declarar y ser detenidos, por lo que pidió a las autoridades que no sólo escuchen a los testimonios de cargo, sino también a los de descargo, para garantizar un debido proceso.
Acta de Pacificación
En tanto, otra comisión del Ministerio de Gobierno dirigida por el secretario de Conflictos del Viceministerio de Gobierno, José Chirinos, logró firmar un acta de pacificación con la población de Viloco con el compromiso de cesar toda clase de intervenciones policiales e intervenciones de aparatos de inteligencia del Gobierno.
“Se determina coadyuvar con todas las investigaciones para el esclarecimiento de la muerte de Illanes, pero también de los cinco mineros cooperativistas”, aseguró.
Así también incluye indagar sobre “las dos intervenciones policiales realizadas en contra de nuestra población dando garantías como población y autoridades a todas la comisiones”.
Los pobladores reprocharon las intervenciones policiales en Viloco y denunciaron la violación de sus derechos.
FISCALÍA CITA A ROMERO
La Comisión de fiscales que investiga el caso del asesinato del exviceminsitro Rodolfo Illanes determinó convocar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para mañana jueves para informar sobre el accionar de la Policía en el contexto de la muerte de la exautoridad.
A la fecha, sigue pendiente la citación declarar del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, quien hace aproximadamente dos semanas brindó su informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde indicó que integrantes de la Policía utilizaron armas letales; pero, al mismo tiempo, dijo que las autoridades del Ministerio de Gobierno, como de la Policía Nacional, no cumplieron con el protocolo que establece las Naciones en casos de secuestro de autoridades.
Sin embargo, tanto Romero como Tezanos solicitaron al Ministerio Público prestar su declaración a través de un cuestionario; en el caso del Ministro, en calidad de testigo indirecto. Esta petición fue observada por el mismo fiscal General, Ramiro Guerrero, quien respondió que no hay privilegios para nadie.
MUERTOS EN AGOSTO
Pesquisas de mineros no avanzan
A casi dos meses de que murieran seis mineros y el exviceministro, Rodolfo Illanes, en el conflicto cooperativista, la Fiscalía General del Estado aún no ha dado con ninguno de los responsables por la muerte de los trabajadores, lo que deja un “sabor muy amargo” al diputado Edmundo Polo.
“Hasta ahora, las autoridades no puedan establecer las responsabilidades sobre la muerte de los cooperativistas, lo otro está totalmente claro sobre el exviceministro Illanes”, declaró el legislador, que pertenece a ese sector.
En el transcurso del conflicto también murieron cinco mineros por impacto de bala y uno por mala manipulación de dinamita.
En el caso de la exautoridad, las investigaciones han avanzado y más de 10 personas fueron detenidas. Pero, en el caso de los mineros, aún no existen detenidos y la Fiscalía dice que las indagaciones se dificultan por la cantidad de gente que debe declarar.
