Niegan acción popular y agilizan patinódromo
El Juzgado Primero de Familia que ayer se desempeñó como tribunal de garantías constitucionales denegó la acción popular presentada por cuatro activistas del colectivo No a la Tala de Árboles Cochabamba en contra de la construcción del patinódromo para los Juegos Suramericanos 2018 en la laguna de Coña Coña por vulnerar derechos ambientales.
La acción fue rechazada por falta de información técnica y científica que demuestre el daño ambiental que ocasionará la obra para los juegos. El juez Rubén Gonzales Ovando además levantó la medida precautoria que impedía a la Alcaldía iniciar las obras con una inversión de 20 millones de bolivianos.
El juez admitió la acción popular, pero manifestó que carecía de respaldo técnico, en una audiencia que comenzó a las 8:30 a puerta cerrada en el despacho del administrador de justicia, porque las salas de audiencia estaban ocupadas.
Tras conocer que la acción fue denegada, la Alcaldía anunció que comenzará con las obras del patinódromo de inmediato y recurrirá a todos los recursos legales para concretar su proyecto.
En la última semana, grupos de vecinos y ambientalistas intentaron evitar la obra con una vigilia en la laguna, la tercera que queda en la ciudad después de Alalay y Albarrancho.
“El argumento ha sido que ellos no han demostrado el derecho vulnerado. Como institución, somos respetuosos de los derechos humanos, de los derechos colectivos”, declaró el secretario general de la Alcaldía, Ricardo Pol. Añadió que la ficha ambiental fue “señalada legítima”.
El asesor jurídico del colectivo, Armando Vizcarra, señaló que hoy se presentará la impugnación para reiterar la medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Vamos a sostener la medida cautelar que no sólo protege la laguna, sino Cochabamba”, dijo.
El juez pidió un sustento técnico del impacto ambiental que, a criterio de uno de los representantes de No a la Tala, Fabrizzio Gonzales, debería haber sido otorgado por la Alcaldía. “Como ejecutores, ellos deberían demostrar que la obra no tiene impacto ambiental negativo”, dijo.
El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, explicó que el tribunal se ha pronunciado con relación a la falta de pruebas.
“La prueba que falta se la puede producir, es subsanable. La Alcaldía puede continuar realizando las obras, en tanto y cuanto, esta sentencia esté en revisión en el Tribunal”, explicó.
Cox señaló que el requerimiento del colectivo no se ha desvirtuado y que, como Defensoría, va a apoyar el respeto a los derechos colectivos.
Ante la consulta de si es que el municipio utilizará la fuerza pública, Pol no descartó esta opción. La representante del colectivo Rocío Estremadoiro señaló que se verá de elaborar el sustento técnico que pidió el juez.
Al inicio de la audiencia, un grupo de comerciantes que apareció en el juzgado a apoyar el patinódromo intentó agredir a los activistas.
PASAN 12 AÑOS SIN RESULTADOS
En 12 años, todos los intentos de recuperar la laguna de Coña Coña, desde la gestión de Gonzalo Terceros y luego la de Edwin Castellanos, no se concretaron.
En 2009, la gestión de Terceros prometió recuperar el espejo de agua, ubicado al oeste de la ciudad y que en el pasado sirvió para deportes náuticos, con proyectos para el manejo hidráulico, el mantenimiento de áreas verdes y un parque infantil.
En 2011, un movimiento vecinal logró detener el proyecto de una planta de tratamiento y pidió que se retome el plan de recuperación. Tras este hecho, en 2012, durante la gestión de Edwin Castellanos, se tenía 1,5 millones de bolivianos para comenzar con el dragado. Además, se quería edificar un parque y recuperar la biodiversidad. Pero sólo se dejó que una empresa de cerámicas explote la arcilla sin concretar ningún plan. Ahora la gestión de José María Leyes anuncia una inversión de 22 millones de bolivianos para el dragado, la construcción de desarenadores, humedales y la forestación con 2.000 plantines.
PUNTOS DE VISTA
Fabrizzio Gonzales, activista colectivo No a la Tala de Árboles
“Vamos a lamentar cuando Cochabamba sea un valle seco”
No se ha reconocido que nosotros como cochabambinos tenemos derecho al medioambiente. Tenemos una obra que afecta a una de las últimas lagunas de Cochabamba y se pide que nosotros proporcionemos el estudio técnico del impacto ambiental. Seguimos afirmando que la ficha está mal hecha. La ley nos ha fallado, cuando es evidente que estamos en la ciudad más contaminada de Bolivia, si no reconocemos esto ahora, va a ser dentro de 10 años, cuando nuestros hijos estén enfermos y Cochabamba sea un valle seco.
Nelson Cox, representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba
“Hay una colisión con los derechos medioambientales”
No se ha demostrado que el proyecto es irreemplazable. La licencia ambiental tiene carencias, hay una falta de exclusividad, toda vez que el proyecto puede ser emplazado en otro lugar. El tribunal no se ha pronunciado sobre leyes, decretos, sobre todo que lleva documentación o licencia, ha salido por el tema procedimental y es algo que es subsanable. La calidad de prueba observada puede ser producida, seguramente se evaluará con nueva documentación que pueda presentarse. El proceso puede demorar de dos a tres meses.
