El 2017, se acentuó el declive político del MAS

En términos políticos, el 2017, para el Movimiento al Socialismo, fue el año en el que se acentuó el vertiginoso descenso que se inició el 2016, año que marca precisamente el punto de inflexión del declive político, después de una década con expectables niveles de obediencia y consenso en la sociedad civil.

En esa tendencia, el 2017, la legitimidad del Gobierno ha tenido un rendimiento decreciente. Crece, sobre todo en las ciudades capitales el descontento y la indignación, donde hasta el vulgo comienza a descalificar al régimen de Morales. Peligrosamente, descienden también los niveles de credibilidad. En este proceso, el Primer Mandatario y el Vicepresidente se han posesionado como los mentirosos más conspicuos de este complicado país. Si cotejamos sus declaraciones, cuando se aprobó la nueva constitución el 2009, donde amenazantes juran respetar el nuevo texto constitucional y encarcelar a los “cachafaces” que se atrevan a vulnerarla; las declaraciones antes del referendo del 21F, donde exclaman enfáticamente que respetaran sus resultados y; las declaraciones posreferendo, donde ratifican esa postura: ambos, al margen de quedar en ridículo, se posesionan como grandes mitómanos compulsivos.

Ahora bien, más allá de esta pérdida de credibilidad, hay varios componentes y deslices políticos que el 2017 han acentuado este proceso de deslegitimación. El componente central, en todo caso, radica en la tozuda intención de postular al caudillo “a toda costa” y “pese a quien pese”. En estrecha concomitancia y obediencia con los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, cínicamente e inconstitucionalmente, es habilitado indefinidamente. Ese era el gran objetivo político del MAS en el 2017. Todo estaba fríamente preparado, con libreto y teatro incluido. El mismo presidente exclamo en un acto público: “objetivo cumplido”, denunciando la estrategia. Ciertamente, esta habilitación jamás habría sido lograda en las urnas, pues éstas ya no se constituyen en sus mejores aliados; más bien todo lo contrario.

La reducción abrupta del apoyo popular en las urnas se refleja nítidamente en los resultados del 21F y el 3D. Este último, virtualmente, convertido en plebiscito. El propio presidente Morales ratificó este carácter plebiscitario cuando afirmo que “no se siente derrotado” por el triunfo de los votos nulos.

En el referendo del 21F, 2.546.135 ciudadanos le dijeron SÍ a la repostulación, frente a 2.682.517 que expresaron su rotundo NO. Ahora, en la elección de magistrados del 3D, sólo el 35%, o sea, 1.899.017, expresó su apoyo al régimen, mientras que el 65% de votos nulos y votos blancos, o sea, 3.523.880 ciudadanos expresaron su descontento. Estas cifras reflejan que el MAS se habría quedado sólo con el voto duro de las zonas rurales.

La nomenclatura azul, consciente de este proceso, ya que las urnas podrían ser peligrosas en la estrategia permanente de reproducción de poder, pergeña otros mecanismos, por cierto, nada democráticos. Hablan, en ese sentido, de una nueva Asamblea Constituyente y el fin de la democracia liberal, para implementar la “democracia comunal”; en el camino hacia una dictadura constitucional.

El espíritu del nuevo Código Penal, con know how cubano, es un adelanto de como el régimen apelara a la coerción para buscar obediencia. Con esta Ley y otras en ciernes, la elite cleptocrática azul pretende “entornillarse” en el poder. Como la dominación ya no es consentida, al estilo cubano y venezolano, apelaran entonces a los mecanismos de la coerción legal y la violencia estatal, afectando seriamente a la democracia y el estado de derecho. El horizonte político del 2018 estará signado, desafortunadamente, por esos matices.

El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón