Comité Nacional de Defensa de la Democracia es reactivado encabezado por la COB
Instituciones de la sociedad civil a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) reactivaron hoy en La Paz el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), con el objetivo de luchar contra el Código Penal y hacer prevalecer los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.
El Conade fue un mecanismo político y sindical creado en la década de los 80 para la defensa de la democracia en el país ante el golpe de Estado de aquella época, comandado por el entonces general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez.
Este conglomerado de organizaciones está compuesto por la COB, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), liderado por el exmagistrado, Gualberto Cusi.
Asimismo, es conformado por la Fundación Jubileo, Cáritas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y otras organizaciones. El rector Waldo Albarracín, citado en Erbol, aseguró que la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y la Universidad Pública de El Alto (UPEA), se sumaron al Conade.
El máximo ejecutivo de la COB, Guido Mitma, lamentó que el actual Gobierno haya debilitado y dividido a muchas organizaciones sociales. Señaló que el Código Penal criminaliza las movilizaciones sociales.
Mitma informó que una de las primeras acciones de este comité será una marcha mañana a las 09:00 que iniciará en la Ceja de El Alto y que confluirá en el centro paceño, en medio del ingreso del Rally Dakar al país.
Un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional habilitó al presidente, Evo Morales, para que pueda presentarse a una nueva repostulación, al igual que otras autoridades electas, pese a que en el referendo del 21 de febrero de 2016 se rechazó una nueva repostulación del jefe de Estado.
El nuevo Código Penal, que aún no entra en vigencia, es cuestionado por varios sectores que piden su abrogación. El Gobierno derogó los artículos 205 y 137 de esta norma, los cuales fueron observados por los médicos y transportistas. Los mismos hacían referencia a la mala práctica profesional y al homicidio culposo con medio de transporte.
