La Haya y Venecia

Una sucesión de hechos ha permitido que dos temas de trascendental importancia repercutan frente a un escenario y contexto complejo. La demanda en La Haya es uno de ellos. Queda claro que el propósito e iniciativa de llevar  adelante la acción es exclusiva responsabilidad del Presidente Morales. De ahí que sea justo otorgarle el mérito que corresponde más allá de la probabilidad o no, de que al final del camino se alcance una negociación (es eso lo que se ha demandado) que permita, efectivamente, lograr que los negociadores bolivianos sellen el acceso soberano al mar. Bajo ese marco, la postura boliviana ha sido contundente y no recién ahora que se demandó.

La ha sido desde 1920, a partir del cuando todos los gobiernos republicanos, amparados en la naturaleza de la República como forma de gobierno que tan venida a menos ha estado por el actual régimen, han esbozado emprendimientos de todo orden al punto que, gracias a ellos, (abrazo de Charaña incluido) hoy contamos con elementos de probanza suficientemente contundentes como para abrigar la esperanza de una futura negociación. Eso muestra que no había sido verdad que todo lo pasado no servía y que Bolivia adquiría nueva y prodigiosa personalidad con el Estado Plurinacional.

Por el otro lado, la Comisión de Venecia ha colocado el tema de la reelección indefinida en el sitio que corresponde. Nada de inhumano hay si un ciudadano es obligado a someterse a la Constitución y, al hacerlo, a que quede impedido de ser candidato nuevamente atendiendo su texto y limitaciones.  Tampoco es que estamos inventando algo nuevo y menos la citada Comisión  ---que por cierto, ha desarrollado un Código de Buenas Prácticas para los Referéndums que merece atención--- está introduciendo en el debate aspectos que podrían lesionar la sensibilidad de los electores (es lo que cuenta) o está quebrantando estructuras jurídico constitucionales que siendo la regla y no la excepción, más bien alentarían la reelección indefinida. Nada de ello hay. La Comisión ha actuado como cuerpo consultivo y ha emitido un criterio apegado a derecho, a la buena práctica democrática y, ante todo, al sentido común.

Simple. Los pataleos del ministro Rada por ejemplo, en nada se compadecen con dicho sentido, por lo que queda claro que cuando aquella ha sentenciado sin vinculatoriedad, que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables”, no ha habido mentira alguna. 

La mala noticia es que justo cuando pedimos a Chile respete el fallo que vaya a emitir la Corte y que aun no se conoce qué alcance tendrá, en lo interno y a mérito de una fraudulenta Sentencia Constitucional, se ha viabilizado (falta la habilitación vía TSE) una candidatura de forma ilegal. De manera que doble discurso por delante, La Haya y Venecia han confrontado dos temas con un grado de polarización inevitable, donde es de esperar, que en ambos, prime el derecho y la ley. 

El autor es abogado