El desacato de Lula deja a Brasil con gran incertidumbre
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ha desafiado a la justicia brasileña y, vencido el plazo que tenía para entregarse, se ha atrincherado en el sindicato donde forjó su carrera, en las afueras de Sao Paulo, mientras su defensa libra una frenética batalla para evitar su encarcelamiento.
Lula ha optado por el silencio y no ha querido aclarar si se entregará, aunque la Policía ya ha anunciado que “no hay condiciones” para detenerlo porque “se colocaría en riesgo tanto a los partidarios del expresidente como a los propios agentes”.
“La negociación será retomada este sábado, después de la misa en memoria de la exprimera dama Marisa Letícia”, agregó un comunicado de la Policía.
El juez federal Sergio Moro emplazó a Lula a entregarse hasta las 17:00 hora local de ayer para comenzar a cumplir la condena de doce años que arrastra por corrupción y lavado de dinero.
Sin embargo, Lula permaneció durante todo el día recluido en la sede del Sindicato Metalúrgico de Sao Bernardo do Campo, su cuna política y donde se concentraron de miles de simpatizantes.
Las proclamas “no lo van a detener”, “vamos a la lucha” y “Lula, guerrero del pueblo brasileño”, retumbaron frente a la sede del sindicato.
Cinco segundos antes de que expirara el plazo, miles de voces entonaron la cuenta atrás mientras Lula continuaba en el sindicato, donde pasó la noche arropado por la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) y de familiares y amigos.
El PT había anunciado intervenciones públicas del expresidente, pero Lula no abandonó el edificio y su defensa emprendió una batalla legal contrarreloj para presentar habeas corpus en un intento desesperado por evitar su ingreso en prisión.
Ninguno de los recursos fue aceptado y los abogados llegaron a solicitar una medida cautelar ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El desacato de Lula no ha impedido que su defensa avanzara en las negociaciones con la Policía Federal sobre la entrega.
La orden de detención del juez Moro “tiene que ser cumplida”, pero “no a cualquier costo”, admitió ayer el presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef), Luís Antônio Boudens.
Aunque durante toda la jornada se han multiplicado las especulaciones, miembros del PT han apuntado que Lula se niega a ser trasladado a Curitiba, donde el juez Moro ha dispuesto que comience a cumplir su condena, y habría exigido entregarse en Sao Paulo o en Sao Bernardo do Campo, donde cuenta con apoyo popular y tiene además su residencia particular.
En Curitiba, Moro había dispuesto una celda de 15 metros para Lula, que no coincidiría con otros reclusos vinculados con la trama de corrupción en Petrobras.
Hace semanas que se venía preparando la celda y, con una celeridad poco frecuente en la Justicia, Moro tardó apenas 20 minutos el jueves en dictar el auto de prisión contra Lula por considerar probado que se benefició de un apartamento en la playa a cambio de favorecer a una constructora.
ABOGADOS NEGOCIAN CON LA POLICÍA
Los abogados de Lula negociaban anoche con la Policía una posible salida acordada a la crisis.
El diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (PT), cofundado por Lula, reconoció la existencia de conversaciones casi cuatro horas después de que se hubiera vencido el plazo fijado por la justicia para que se presentara ante las autoridades.
“Hay conversaciones en la Policía con los abogados del expresidente, y el partido las está acompañando”, dijo en una conversación telefónica desde el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo.
Entretanto, la defensa del expresidente Lula (2003-2010) cursó en la noche un nuevo recurso ante la Corte Suprema, buscando evitar que sea detenido.
Pocas horas antes, la corte de tercera instancia había rechazado un pedido similar.
ENCARCELAMIENTO INMEDIATO
El informe de la Fiscalía que derivó en la detención solicitaba su encarcelamiento inmediato para “frenar la sensación de omnipotencia” y evitar que la “manipulación” de las “masas” alcanzara “niveles que supongan dificultades extremas para hacer valer la ley”, según un documento al que tuvo acceso El País Brasil.
