Quieren que los gringos catapulten la candidatura ilegal

El año 2002, un poco antes de las elecciones nacionales, competían por el título presidencial, cuatro candidatos. Manfred Reyes Villa (NFR), Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), Jaime Paz Zamora (MIR) y Evo Morales Ayma (MAS). Ése además, era el orden de preferencia de acuerdo a la percepción de la gente traducida en encuestas. El candidato de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) contaba con un respaldo de entre el 22 y el 26 por ciento de los votos, Goni, del MNR, tenía un apoyo de entre el 20 y el 23 por ciento, el MIR de Jaime Paz Zamora entre el 15 y el 16,5 por ciento y Morales del Movimiento al Socialismo, recibía el respaldo de entre el 14 y el 16 por ciento.

En junio de ese mismo año, diez días antes de las elecciones, el entonces embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, cuando terminaba su discurso en la localidad del  Chapare, hizo un mensaje de antología, sugiriendo a los bolivianos, no votar por Evo Morales condicionando el apoyo de Estado Unidos a Bolivia si así lo hicieren.

Días después Morales salió a la palestra, agradeciendo a Rocha: “Gracias señor embajador, usted fue el mejor jefe de campaña que tuve hasta ahora en mi carrera política”. El mensaje del embajador de Estados Unidos, no le habría podido venir mejor a Morales, en vísperas de las elecciones y por supuesto que lo aprovechó políticamente estableciendo de ahí en adelante en todos sus discursos que el embajador confirmaba y demostraba, una vez más, su intromisión directa en la política nacional, buscando imponer las decisiones del país del norte y violando la soberanía por encima de los intereses nacionales.

Como era de esperar, los resultados evidenciaron que las declaraciones del diplomático estadounidense consolidaron la inclinación de miles de indecisos, que hasta ese momento no tenían clara su preferencia electoral, hacia el MAS. Resultado final de las elecciones en 2002, primer lugar el MNR con 22,5% (624.126 votos); en segundo puesto el MAS con 20,9% (581.884 votos); en tercero la NFR con 20,9% (581.163 votos) y cuarto el MIR con 16,3% (453.375 votos). Conclusión, por una “simple” declaración que fijaba una posición del “imperio”, las tendencias del voto, cambiaron a días de las elecciones nacionales.

El 10 de abril de este año, después de un debate legislativo sobre el tema, el Senado de Estados Unidos aprobó  una resolución que cuestiona la repostulación de Morales y establece que el 21F reflejó la voluntad de la mayoría del electorado boliviano, “en el que el 51,3% dijo “No” a la reelección”. Dicha resolución, expresa además, “su preocupación” por los esfuerzos  que hay en Bolivia para evitar que se cumplan los límites del mandato presidencial, contemplados en la Constitución Política.

Después de conocida la aprobación de la mencionada resolución, como era de esperar, nuevamente, la  Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mediante la aprobación de una declaración, rechazó la “intromisión” del senado estadounidense, estableciendo que existe un claro acto de injerencia de forma directa y abierta en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia. Y por supuesto, se aprovechó el tema políticamente, para desarrollar una nueva campaña de victimización en dónde el presidente Evo es el oprimido y los gringos los opresores. La resolución, no le habría podido caer en mejor momento, nuevamente al MAS y a Morales. Es evidente que al igual que en 2002, intentarán sacarle partido tratando de conquistar al 21% de electores indecisos.

En esa medida, debemos estar alertas para no dejarnos persuadir por discursos victimistas que lo único que desean es confundir a la población boliviana y hacer olvidar que la candidatura de Evo Morales es ilegal y que no respetó el voto popular del 21 de febrero. De la misma manera, el Gobierno de los Estado Unidos y algunas organizaciones políticas de la oposición, mediante sus representantes, deberían precautelar las consecuencias de las decisiones que toman sus instancias deliberativas para no provocar efectos que puedan dañar aún más a la democracia en el continente y en Bolivia en particular.

El autor es administrador público y cientista político