¿Nueva convocatoria a elecciones generales?
Bastó un tuit de Evo Morales –aunque seguramente hizo también unas llamadas a sus diputados y senadores– para que el Movimiento al Socialismo revise su posición intransigente respecto a la realización de las elecciones generales el primer domingo de agosto, en poco menos de dos meses, como lo establece el plazo instituido en la ley que la Asamblea Legislativa sancionó la última noche del mes de abril.
Esa ley, que legalizó la inevitable postergación de las elecciones del 3 de mayo, fue devuelta al Parlamento por la Jefa del Estado con observaciones que éste rechazó. Y como Áñez se negó a promulgarla, lo hizo la presidenta del Senado, Eva Copa, sin dilación y con aplomo.
Las críticas a esa norma legal se centraban en el plazo de 90 días, a partir del 3 de mayo, para la realización de los comicios y el argumento mayor era el avance de la pandemia de Covid-19 y el evidente y elevado riesgo de contagio que iba a significar el sufragio, en un momento en que la propagación del virus estaría aún fuera de control.
Días después de promulgar la cuestionada ley y en respuesta a la avalancha de críticas, Copa anunció que aquella “no está escrita en piedra” y que la modificarían si fuera necesario. La misma metáfora utilizó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, tan masista como su par del Senado, al anunciar que la Asamblea modificaría la ley vigente en base a un pedido que debe llegar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto a las fechas.
Y el TSE logró ayer un acuerdo con partidos y alianzas que participarán de los comicios con el fin de reprogramarlos, muy probablemente, para el 6 de septiembre.
Es una buena noticia, sin duda, especialmente porque ella significa que las elecciones tendrán lugar en una fecha más alejada del periodo en el que la pandemia está en pleno progreso. Se estima que lo peor ya habrá pasado hasta mediados de agosto.
Pero posponer las elecciones hasta septiembre no es suficiente para evitar una crisis de elevada probabilidad si se mantiene el resto del proceso electoral tal como está ahora, especialmente en lo que respecta al Padrón Electoral.
En efecto, si éste no se actualiza, más de 150.000 bolivianos que cumplieron 18 años desde el 26 de enero –cuando concluyó el empadronamiento biométrico– o que los cumplirán hasta el 6 de septiembre, quedarán privados de su derecho constitucional al voto. Y también se les privará de su derecho a ser elegibles, si no se realiza un nuevo registro de candidatos.
Felizmente, el MAS está dispuesto a considerar otra ley que tendría que evitar lo señalado. La iniciativa para una nueva convocatoria a elecciones está en manos del TSE.
