Ley anticonstitucional
La constitucionalidad de las leyes parece estar fuera de las preocupaciones del Ejecutivo y del Legislativo. Eso se evidencia en algunas de las disposiciones del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, presentado por el Gobierno a la Asamblea el lunes, y aprobado el viernes por la bancada del MAS en la Cámara de Diputados.
Y tampoco parece importarles la participación de los sectores directamente involucrados en el ámbito del que se ocupa el mencionado proyecto de ley: los profesionales de salud y las entidades territoriales autónomas.
Esos aspectos han provocado el, rechazo justificado y comprensible, del Colegio Médico de Bolivia, de los sindicados de trabajadores en salud y de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que agrupa a los gobiernos municipales de las nueve capitales y de El Alto.
Los médicos están indignados porque la ley que pretende aprobar la Asamblea anula un derecho ciudadano establecido en la Constitución, que en su artículo 53 “garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos”.
Ese derecho constitucional podría quedar abolido de manera temporal con la “declaratoria de emergencia sanitaria”, pues durante su vigencia “no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, (...)”, reza el cuestionado proyecto de ley en su artículo 19.
Y la AMB cuestiona otro artículo, el 22: “Mientras dure la emergencia sanitaria, el nivel central del Estado, de forma excepcional, queda facultado para ejercer las competencias en materia de salud previstas en la CPE (...) de las Entidades Territoriales Autónomas, de manera temporal y únicamente cuando éstas se hallen rebasadas en su capacidad de respuesta”.
“Una ley no puede poner en pausa, ni siquiera de manera excepcional, las disposiciones de la Constitución”, señala, con plena razón, una carta enviada por la AMB al presidente de Diputados.
Pretender imponer normas que contradigan lo establecido por la Constitución es, de toda evidencia, un propósito que atenta contra la institucionalidad del país.
Complicar la ya crítica situación que vive Bolivia con la expansión creciente de la pandemia del coronavirus, que no será mitigada por las vacunas antes de varios meses, es algo imposible de entenderse.
Y las complicaciones comenzaron pues los médicos de todo el país están en paro indefinido hasta que se modifique el artículo que coarta sus derechos constitucionales. Ellos atenderán los casos de Covid y las urgencias, nada más.
