Gobierno y afines arremeten contra Rómulo Calvo a través de procesos
Ayer, una nueva denuncia fue presentada en contra de Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de sedición, conspiración, terrorismo y privación al derecho al trabajo por una organización ligada al Movimiento Al Socialismo (MAS). Ésta es la segunda querella contra el cívico por similares cargos en menos de una semana.
En tanto, ministros de Estado, asambleístas del MAS y representantes de organizaciones sociales exigen celeridad a la Fiscalía para procesar al líder cívico.
El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló ayer que Calvo tiene además 35 procesos judiciales en su contra desde 2004 y solicitó al Ministerio Público apurar los juicios.
El coordinador general del Comité Impulsor del Juicio de Responsabilidades contra los Autores del Golpe de 2019, Aldo Michel, dijo que “el señor (Rómulo) Calvo y otros tienen que comparecer aquí en la justicia, ante la Fiscalía, por todos estos hechos que han dañado la condición de seguridad de todos los bolivianos”, indicó Michel.
Explicó que el memorial presentado en la Fiscalía busca un proceso penal por los hechos que se generaron durante el paro cívico que fue convocado por los actores cívicos y que duró nueve días, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y Potosí.
Señaló que se pretende ampliar esta denuncia contra otros actores como el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, porque considera que está implicado al incitar al paro que también provocó daños económicos en diferentes sectores cruceños.
Diputados
En tanto, el diputado Vicente Condori (MAS) exigió eficiencia en el proceso contra el líder cívico. “Vamos a pedir que la justicia actúe de una vez porque el señor Calvo tiene bastantes denuncias, no solamente por el paro, sino por los funcionarios de la Caja Petrolera de Salud y por sedición”, señaló el legislador.
Dijo que, como bancada, el MAS coordinará con el ministerio que corresponda para activar el proceso contra Calvo.
Exigencia
El pasado lunes, la diputada Estefanía Morales (MAS) presentó una querella contra el líder cívico, por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y por atribuirse los derechos del pueblo.
Según Lima, el líder cívico tiene la responsabilidad de presentarse ante la justicia, al igual que cualquier ciudadano, cuando sea convocado, a tiempo de garantizar un debido proceso frente a las últimas causas que le inició el MAS, por el paro multisectorial de nueve días.
“Estos casos no pueden quedar en la impunidad, ni olvidados”, concluyó Lima en una entrevista con la estatal Bolivia TV.
Se suma a las denuncias contra Calvo la Asociación de Abogados de Santa Cruz, cuyo presidente, Roly Velarde, exigió que la justicia lo sancione por cometer una “serie de ilícitos” desde 2019.
Fiscalía pide lista de directorio cívico
La Fiscalía de Santa Cruz ha solicitado de manera formal al Comité Cívico pro Santa Cruz la lista de su directorio en la gestión 2019 para investigar la relación que tenían con Javier Triguero Pairumani, quien en ese entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Ansclapol, regional Santa Cruz) y ahora es acusado de encabezar un motín policial durante los conflictos sociales, previo a la renuncia de Evo Morales, según reporte del diario El Deber.
El requerimiento fue enviado por la fiscal Yolanda Aguilera y pide al Comité enviar la documentación a las oficinas de la Fiscalía, ubicadas en el segundo anillo y Monseñor Rivero. Los delitos que se investiga son instigación pública a delinquir e incumplimiento de deberes.
