El presidente y el biodiesel

A diferencia del bioetanol, el biodiésel no estuvo en la agenda de los empresarios agroindustriales ni del gobierno. Hace años la Cainco estudió su factibilidad, pero el resultado de ese análisis fue contundente: no tenía sentido reemplazar a un precio más alto un combustible que se recibía subvencionado, al tiempo que precios y mercados de las oleaginosas estaban al alza.

Recién en la campaña presidencial de 2020 el candidato del MAS sacó del sombrero su proyecto estrella: la construcción de una planta de producción de diésel vegetal. Fuera una idea original suya o un logro de lobbies de proveedores internacionales con contactos en el entorno del entonces candidato, lo cierto es que la propuesta respondía a dos grandes desafíos: paliar el drenaje de divisas por la creciente importación de diésel (más de 1.200 millones de dólares en 2019) y reavivar la inversión pública mediante un proyecto de bajo costo (250 millones de dólares) y alto impacto mediático.

El anuncio era un tanto vago: hablaba de biocombustibles de “segunda generación” (los que no utilizan cosechas de la cadena alimenticia) pero hacía mayor énfasis en la recolección de aceites usados en la industria y en los hogares, sin cuantificar volúmenes ni costos, ni reparar en que esas cosechas tardarán cinco o más años para llegar a su máxima producción. No hubo caso de disipar esas nieblas porque el candidato rehusó debatir su programa.

Con Arce presidente, el proyecto recibió gran impulso, motivado por el ulterior crecimiento de las importaciones de los dos tercios del diésel que consumimos (se estima que en la presente gestión se llegará a los 1.700 millones de dólares la mitad de los cuales se esfumarán bajo forma de subsidio). Por otro lado, los cantados fracasos de muchas inversiones públicas, realizadas en el gobierno que tuvo a Luis Arce Catacora como ministro de Economía y Finanzas Públicas, obligaban a reforzar la ideología del Estado capitalista, que a veces actúa como capitalista salvaje (caso de Aasana/Naabol).

El 23 de septiembre, el presidente tuiteaba lo siguiente: “con nuestra propuesta Bolivia será autosostenible en la producción de diésel y combustibles ecológicos. Generaremos más de 200 mil nuevos empleos, dinamizaremos la actividad económica e ingresaremos a la economía circular... Nuestra visión es producir biodiésel localmente y a un menor costo respetando la madre tierra”. Adicionalmente, en el reciente “Foro de biocombustibles”, Arce ha afirmado que la “transición energética boliviana” consistirá en el reemplazo de los combustibles fósiles por los biocombustibles.

Para alcanzar la santidad basta un solo milagro. Parecería que el presidente buscara ser muy santo gracias al biodiesel, logrando la “autosostenibilidad” mediante el reemplazo de un 20% del diésel que se importará en 2025; creando 200 mil empleos y produciendo biodiésel a un menor costo que el diésel fósil, además “respetando la madre tierra” y expandiendo la frontera agrícola, incendios mediante.

A su vez, la transición energética es un plan gradual para pasar de las fuentes de energías no renovables a las renovables y sostenibles, lo que modifica profundamente el modelo económico. Desafortunadamente, los agrocombustibles no son renovables ni sostenibles; son tan solo un parche.

Lo más sorprendente y preocupante es que el presidente habla y actúa como si se hubiera demostrado la factibilidad técnica y económica de esa planta, cuando su estudio aún no ha sido adjudicado. Mientras no se conozca y debata públicamente el resultado de esa consultoría, el Gobierno debería abstenerse de seguir promocionando un proyecto que parece destinado al fracaso.

En su lugar, el presidente haría bien en explorar alternativas para reducir (y no seguir incrementando) el consumo del diésel en Bolivia.

El autor es físico y analista