¡A por la calidad de la educación superior!

El Sistema Nacional Universitario Boliviano, a partir de los 90, asumió el reto de mejorar la calidad de su desempeño, recomendando a las universidades la realización de autoevaluaciones de sus unidades académicas para su evaluación externa, primero sin y después con fines de acreditación internacional. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí (UATF) respondió y fue acreditada exitosamente con una alta calificación por una Comisión del Mercosur en 2004, culminando una rica experiencia de intenso trabajo iniciada con la autoevaluación, investigación-acción en la cual se comprometió el pleno del Consejo Facultativo, cuyos miembros contagiaron en la comunidad docente-estudiantil un entusiasmo creciente por remontar las debilidades aplicando soluciones eficaces y eficientes fundadas en el consenso. Fue un tiempo de trabajo incansable recolectando y procesando información, identificando necesidades y problemas, diseñando alternativas para satisfacer las primeras y solucionar los segundos, socializando diagnósticos y validando propuestas para ponerlas en vigencia. A la par que se investigaba la realidad, se la transformó, aprobando un nuevo curriculum y un plan de desarrollo institucional.

Se superó todas las insuficiencias curriculares, integrando docencia, investigación e interacción social. Se elevó el nivel terminal formativo a la maestría, bajando la carga horaria de licenciatura de más de 7.000 horas a 4.300 horas, incluyendo la graduación, administradas en cuatro gestiones anuales. Se aprobó el régimen estudiantil: admisión con cupos limitados en función de las condiciones del mercado profesional y la disponibilidad de medios de la facultad; evaluación, determinándose su estricta derivación del enfoque de formación adoptado de manera que se produzca en un nivel productivo y no reproductivo; repitencia, limitando a tres veces la reprobación en una misma materia, con medidas de apoyo académico extraordinario a lo largo de la tercera oportunidad, operándose en caso de tercera reprobación la cancelación de la matrícula; permanencia, con un máximo de ocho años al cabo de los cuales se producía también la cancelación de la matrícula; política de graduación, incorporando ésta al plan de estudios de tal manera que se garantizaba su efectivización al vencimiento de las asignaturas; seguimiento a graduados, incluyendo el sistema de determinación de necesidades de capacitación como vínculo entre el curriculum de pre y posgrado.

A la política de admisión docente vigente, se añadió una prueba escrita de conocimientos, se incluyó una modalidad de seguimiento al desempeño docente a través de sesiones de diálogo entre las autoridades, los cinco mejores estudiantes por curso y sus respectivos docentes, con el objetivo de fortalecer la enseñanza. Considerando el nuevo nivel terminal de formación facultativa, se aprobó una política de posgraduación docente cuya meta era contar en cuatro años con el 80 por ciento de los profesores con el grado de maestría y en cinco adicionales, 15 por ciento de doctorado. 

La resistencia a estos cambios no los detuvo, pues la convicción mayoritaria de la comunidad facultativa con respecto de su pertinencia fue mayor y su validación externa no se dejó esperar. El Equipo de Capacitación para el Nuevo Código de Procedimiento Penal cerró su trabajo en Potosí en 2001 con un evento para estudiantes de Derecho, alumnos de la asignatura respectiva. Eran de segundo año, admitidos en 2000 con examen de ingreso. Al concluir la semana de capacitación, los jueces, fiscales y policías de dicho equipo, en reunión con la decana de la facultad, manifestaron su asombro y felicitación por la calidad formativa de los jóvenes universitarios. “Se desempeñan mejor que muchos abogados, incluso jueces”, afirmó una de las capacitadoras. Ese mismo año hubo un Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. A su culminación, el decano de dicha facultad invitó a su colega de Potosí a exponer las acciones de mejoramiento de la calidad implementadas en su unidad académica en una conversación en su despacho; todo a raíz de la participación notable de los estudiantes de la UATF en aquel congreso. La reunión se realizó y fue en realidad un examen que la decana potosina rindió ante un equipo de alto nivel de asesoramiento especializado de la UMSS. Después de cerca de tres horas de preguntas y respuestas, la conclusión fue que se trataba de una verdadera reforma cuyos resultados cualitativos eran ya evidentes. 

Apunte final: esta experiencia no requirió un peso adicional. Se sostuvo e impulsó con el único requisito indispensable para el éxito: liderazgo y equipo de trabajo docente-estudiantil de primera. Esto es, la antítesis del esquema de poder delincuencial azulino instalado actualmente en las universidades, enemigo a ser derrotado por los docentes y estudiantes de verdad.