La indefensión de los bolivianos

Que el crimen es un antiguo ingrediente de la vida social está fuera de discusión y no hay lugar alguno, en “este valle de lágrimas”, donde no se manifieste con mayor o menor intensidad, de una y mil formas. Es parte del lado oscuro de los humanos.

Su finalidad en última instancia siempre es “tener”. Para satisfacer una modesta necesidad como sucede en el caso de la delincuencia utilitaria o instrumental que lleva a las personas a cometer delitos de cuantía menor, o para satisfacer grandes ambiciones con el crimen organizado cuyas ganancias, según informa la inteligencia artificial, se estiman entre 1,6 y 2,2 billones de dólares anuales a nivel global (entre el 2 y el 5% del PIB mundial). Verdades de Perogrullo.

El florecimiento criminal organizado bajo todas sus formas delictivas en el territorio de un Estado tiene como factores de incidencia, entre otros: la pobreza estructural, la exclusión social y la debilidad de la institucionalidad pública. Trenzadas y fundidas.

En su mayoría, las víctimas de los delitos pertenecen a poblaciones con mayor vulnerabilidad, aquellas que no se encuentran en condiciones de enfrentar, resistir y recuperarse de situaciones de riesgo, carentes de bienes, educación y empleo formal y estable.

En Bolivia esta problemática fue agudizándose. Hace muchos años las noticias sobre desaparición de personas, en especial niños, adolescentes y mujeres, comenzaron a menudear. En avisos y titulares. Punto final. Sin esclarecimiento, en general. En voz baja, extraoficialmente, se regó el rumor del vínculo de tales hechos con la actuación de bandas organizadas alrededor del narcotráfico. Se habló de explotación sexual y venta de órganos.

En Cochabamba, allá por 2014, se mencionó a un extraño oficial de policía que encontró la punta del ovillo de una red de tráfico y trata de personas. Le dieron una distinción y fue arrinconado detrás de un escritorio para tareas administrativas. Sobran comentarios.

También en redes sociales circuló la versión sobre traslado vía aérea de niños desde Chimoré hasta Caracas. En voz más baja pero insistente. Hoy mismo hay un sacerdote católico venezolano exiliado en Estados Unidos, el “Padre Palmar”, quien continúa denunciando tales hechos en entrevistas reiteradas difundidas en Internet.

Por supuesto, ninguna autoridad investigó al respecto, pese a que el Ministerio Público –en teoría– existe para defender de oficio la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público. La explicación es obvia: la estrecha relación de los regímenes de Venezuela y Bolivia.

En ningún caso se sabe de iniciativa alguna destinada a esclarecer los hechos y/o desplegar una estrategia de prevención de su comisión. Menos aún se cuenta con datos confiables y actualizados al respecto.

Unos cinco años atrás se detectó la presencia activa del “Tren de Aragua” en territorio boliviano. Investigadores acuciosos y audaces armaron en parte el rompecabezas. Había una red de tráfico y trata de personas que internaba a Bolivia a familias de migrantes venezolanos.

Los mantenían en Oruro, donde se separaba a las mujeres de sus maridos y a los niños de sus padres. Las mujeres eran prostituidas y los hombres convertidos en delincuentes. De los niños, pobres angelitos, mejor ni hablar. Después de un tiempo eran llevados a Chile.

Versión extraoficial, por supuesto. Sin consideración ni seguimiento. 

El martes 14 de julio, los medios de comunicación informaron acerca de la muerte de dos ciudadanos bolivianos, cruceños, reclutados para combatir en la guerra en Ucrania. La fuente son familiares de ambos denunciaron en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, por tráfico y trata de personas al encargado de reclutarlos. En un vídeo de Unitel se detalla que ellos “fueron enviados a Rusia, entrenados y enviados a la guerra contra Ucrania”.

De inmediato reaccionó la Policía y luego la Fiscalía General: se procedería a iniciar una investigación de oficio. Léase: “No pasará nada”.

El embajador ruso en Bolivia negó que su país tenga relación alguna con un supuesto tráfico y trata de personas con fines bélicos. El diario sucrense Correo del Sur refiere que señaló que “numerosos bolivianos se habían incorporado a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania" y que “muchos de ellos perdieron sus vidas”. Típico de los rusos.

En sucesivas notas de prensa se refleja la evolución del caso: son más de una decena los bolivianos reclutados para ir a Rusia por personas recurrentemente mencionadas por los familiares. Los convencen ofreciéndoles considerables montos de dinero como pago, y a muchos se les engaña porque se les habla de contratos de trabajo en la construcción y no están informados de que irán a combatir.

Cuando llegan a Rusia, les quitan sus pasaportes, les hacen firmar contratos en ruso, los uniforman y envían al frente, con los resultados ya conocidos.

Desde el 8 de noviembre de 2025 el MAS no está en el poder en Bolivia, oficialmente. Sin embargo, poco a cambiado. La institucionalidad pública continúa cayendo en picada, la impunidad campea, los presos políticos siguen encerrados, las leyes fallidas siguen vigentes. Los bolivianos están indefensos.

La autora es abogada y asambleísta departamental en Tarija