La Defensoría y el TIPNIS o la caída de las mentiras

Aunque no escuché, sino leí, las declaraciones del presidente cívico del Beni, sigue resonando en mis oídos el tono angustiado de sus declaraciones del jueves 3 de junio último, urgiendo a que se complete la vía que terminaría de romper y descuartizar al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) para neutralizar los bloqueos de los pequeños soyeros.

La traducción de tanto empeño y ansiedad del cívico lo lleva, supuestamente, a concluir que para resolver la presión de los excolonizadores, convertidos en productores de oleaginosas, las personas y mercancías, desde y hacia el Beni, deben transitar por el Chapare, territorio controlado por los actuales colonizadores (nuevos cocaleros del Polígono Siete) y los excolonizadores, los cocaleros ya establecidos en esa región.

¿Estará realmente tan confundido el comité beniano para creer que la respuesta a un bloqueo vial es hacer un nuevo camino, sin importar costos y consecuencia, por los dominios de quien se proclama como el primer experto mundial en bloqueos?

No es fácil decidirlo si se recuerda la explosión de entusiasmo que logró el exgobernador masista (y ex-MNR) del Beni, entre sectores muy apegados al civismo regional, cuando promulgó el 18 de octubre de 2019 el nuevo Plan de Uso del Suelo (PLUS), en el que se proyecta desboscar 4 millones de hectáreas en ese departamento, para sumarlas a los 11 millones nacionales, previstos en el plan electoral del MAS y el de “desarrollo” de su gobierno.

La ruta de la agricultura de transgénicos, con sus cada vez más agresivos agrotóxicos, como plaguicidas y fertilizantes, es común a la gran empresa transnacionalizada que controla las exportaciones como a los pequeños y medianos productores que acaban de lanzar un ultimátum al Gobierno para que legalice su amplio uso actual.

Los bloqueos en Santa Cruz no tocan esa alianza económica, consolidada en los años gubernamentales de Morales-García. Son medidas políticas, que apuntalan el continuo socavamiento del MAS a cualquier gobierno departamental o municipal que no controle y, también, parte de la exhibición de fuerzas de Morales Ayma frente a Arce Catacora.

Las noticias sobre las nuevas presiones sobre el TIPNIS revelan que el gobernador masista de Cochabamba y el no masista del Beni coinciden ahora en acelerar obras del camino, con argumentos en ningún caso sustentados por estudios económicos, financieros y ambientales previstos por ley y el sentido común, y menos por el respeto de la voluntad y autodeterminación de los pueblos que lo habitan.

La apertura de vías por el TIPNIS precederá al saqueo de recursos naturales, asentamientos ilegales para materializar los proyectos de expansión empresarial de capitales cocaleros hacia la ganadería, la soya y el mercado de tierras —por encima de todo—. Las alternativas propuestas para prevenirlo, como la militarización de la carretera, son inviables y no impedirán que este gran núcleo hídrico regulador y reserva de biodiversidad sea contaminado y destruido.

Los argumentos mentirosos de que resistir la destrucción del TIPNIS y sus pueblos proviene “de la derecha y el imperialismo” se vuelven a derrumbar con la unidad compacta entre el MAS y “la derecha” para acabar con el TIPNIS.

Allí los hechos desmienten a las palabras, lo mismo que pasa con la última ocurrencia gubernamental de culpar a la oposición parlamentaria por no elegir “patrióticamente” a un defensor masista.

Por eso, resulta más que curioso que dicha oposición no responda con claridad y firmeza, afirmando que ni la reforma de la administración de justicia, la de la Policía o el nombramiento de autoridades que requieren 2/3 de votos, funcionarán correctamente, mientras que la Constitución se mantenga bajo vigencia limitada y condicional y bajo el arbitrio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ejecutó un golpe de Estado al reformar por su cuenta la Constitución Política del Estado (CPE) y anular dos referendos populares: el que aprobó la CPE y el que reafirma la vigencia de uno de sus artículos.

Es más extraño todavía que no exista una sola ninguna iniciativa para enjuiciar a los actuales miembros del TCP por negarse a anular la aberrante sentencia de sus predecesores, después del completo desnudamiento de su prevaricación.