Pérdidas en litigios internacionales quedan en la impunidad en Bolivia

Abogados y analistas consideran que ,durante los periodos gubernamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bolivia ha sufrido derrotas en diferentes instancias a nivel territorial, de derechos humanos y económico, pero que a la fecha no existen responsables. Sostienen que exautoridades y autoridades incurrieron en delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros, pero no hay procesos.

Sólo al considerar dos casos —Quibórax y BBVA—, Bolivia asumió un costo por la pérdida de laudos arbitrales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por un monto de más de 150 millones de dólares.

“El último laudo que va en contra de Bolivia e insta que se pague, se pagará con fondos públicos, así de simple. Nadie del Gobierno va a admitir que estas pérdidas se generan o las generó Evo Morales, bajo ningún argumento se va a aceptar un daño económico al Estado boliviano y, por lo tanto, no habrá responsables”, sostuvo el constitucionalista Paul Coca.

Pare el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia, ante este daño, los responsables de la pérdida de los laudos arbitrales tendrían que devolver al Estado el daño económico causado y que se establece en la normativa boliviana bajo la figura de “acción de repetición”.

 El artículo 113 de la Constitución, en su parágrafo II, señala que “en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”. 

En los casos de BBVA y Quibórax, el directo responsable es el procurador Wilfredo Chávez, y también están el equipo jurídico e incluso el presidente Luis Arce, promotor de la hasta ahora fallida Gestora Pública, en su condición de exministro de Economía. 

La Haya y otros casos 

“Bolivia ha sumado derrotas en tres escenarios: en el ámbito de los derechos humanos, territorial y en lo económico. En lo territorial, claramente fue un fracaso el tema de la demanda marítima en La Haya que ha implicado una serie de costos políticos, económicos y sociales. A esto se le suma, las aguas del Silala, porque ya el Gobierno boliviano ha actuado de manera tal que permite avizorar un fallo en favor de Chile”, refiere Goitia.

Este fracaso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene responsables: el expresidente Evo Morales, el excanciller David Choquehuanca, el exministro de justicia Héctor Arce y el exvicepresidente Álvaro García Linera, entre otros.

“Una irresponsabilidad tan grande, jugar a la lotería con el tema marítimo, reconocer el Tratado de 1904, un revés tan grande que nos ha colocado en la peor situación de nuestra historia, y la verdad es que no ha tenido ningún costo político para Evo Morales”, refirió en su oportunidad el diplomático Jaime Aparicio Otero.

Ilícitos

Según el legista Goitia, hay temas que tienen responsabilidad civil, responsabilidad penal y temas de responsabilidad política.

“Daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, entre otros.

En este proceso, Bolivia erogó por lo menos 20 millones de dólares e incluso se denunció un daño económico por la adjudicación de consultorías a la empresa mexicana Neurona por un monto de 13 millones de bolivianos.

“Deberíamos tener sanciones penales, civiles, administrativas e incluso sanciones políticas contra los responsables”, finalizó Coca.

Piden anular DS de la Procuraduría 

La senadora Centa Rek denunció que la Procuraduría General del Estado, amparada en el Decreto Supremo 4447 de fecha 13 de enero de 2021, mantiene en secreto la totalidad de los contratos que suscribe, ocultando información a la población boliviana y afectando la capacidad fiscalizadora de los legisladores para conocer el uso que se le da a los recursos del Estado, por lo que demandará su abrogación. 

Agregó que la Procuraduría se ha convertido en una entidad que está por encima de las leyes que rigen el Estado boliviano, ya que realiza la totalidad de sus contrataciones, tanto nacionales como internacionales, en el mayor de los secretos.

Juicios penales para los involucrados en daños

Las exautoridades y autoridades actuales involucradas en el daño causado a Bolivia, si existiría una injusticia independiente e imparcial, tendrían que ser sometidas a juicios penales, incluido el expresidente Evo Morales, sostiene el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia.

“Por todo el daño causado a Bolivia, lo que se espera son procesos que debe iniciar el Estado. Si no han empezado los procesos para determinar responsabilidades en este último caso y en otros, es el Gobierno que se está convirtiendo en cómplice del encubrimiento del no cumplimiento de esas responsabilidades económicas que ha generado la mala conducta de los funcionarios”, sostuvo.

Agregó que esto también se relaciona con el tema administrativo, toda vez que ante el daño “va ligado a la destitución del cargo”.

En lo que se refiere al proceso a seguir a otras exautoridades, entre ellas Morales, no es pasible a un “caso de corte o juicio de responsabilidades”, pese a su condición de exmandatario.

“En el caso de Morales, él sí tendría caso de corte; aunque, siguiendo la lógica en las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, que el caso de corte no está bien configurado en la Constitución boliviana, daría lugar a que al señor Morales se le tendría que iniciar el proceso en la vía ordinaria penal”, aseguró el legista Goitia.