Gobierno rechaza informe de EEUU sobre DDHH por “injerencista y sin sustento”
La Cancillería de Bolivia, a través de un comunicado, rechazó el Informe sobre Derechos Humanos publicado por Estados Unidos y lo calificó de unilateral.
“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, señaló la Cancillería.
Asimismo, la Cancillería afirmó que Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos, en el marco de los tratados y convenios internacionales que ha ratificado sobre la materia.
En esa misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este martes que el informe sobre derechos humanos en Bolivia, emitido por Estados Unidos, es “débil” e “impreciso”.
El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022 en Bolivia. En el documento se enumeran detenciones arbitrarias, torturas, preocupación por la independencia de la justicia y restricciones a la libertad de expresión.
El documento de EEUU apunta a las autoridades judiciales y al aparato de la fuerza pública como principales promotores de las vulneraciones de los derechos humanos que terminan en prácticas como la tortura, tratos inhumanos o degradantes, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, violencia contra trabajadores de la prensa, graves problemas en la independencia judicial, entre otros.
Entre los casos que destaca, se menciona la denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo el 10 de agosto, cuando 11 cocaleros fueron golpeados por efectivos de la Policía.
El reporte presenta dos apartados para hablar de los presos políticos y el abuso de la detención preventiva donde se hace mención a los casos de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
