El poder de los mineros auríferos cooperativistas
¿En qué se sustenta el poder de presión que tienen las cooperativas mineras auríferas sobre el Gobierno?
Esa es una pregunta cuya respuesta debe considera, entre otros aspectos, la violencia de los mineros auríferos en sus movilizaciones, el carácter abusivo de sus exigencias, su aporte a las arcas del Estado desproporcionalmente pequeño respecto de los ingresos que genera su actividad y los privilegios que ese sector ha ido acumulando desde 2006.
En efecto, movilizados para exigir satisfacción a sus demandas, decenas de miles de cooperativistas mineros paralizaron el centro de la sede de gobierno durante dos días, agredieron a periodistas y transeúntes y provocaron destrozos en predios de dos instancias estatales.
Y son capaces de mayor agresividad, nada más recordemos, como ejemplo, que en 2006, en Huanuni, los mineros cooperativistas se enfrentaron con los asalariados por el control del yacimiento de estaño de esa localidad. El lío terminó con un saldo de 16 muertos y 61 heridos y la renuncia —a solicitud del presidente de entonces— del ministro de Minería, un líder se ese agresivo sector.
En 2016, en el altiplano paceño, el viceministro de Régimen Interior de entonces fue torturado durante horas y asesinado por mineros cooperativistas, que protestaban contra la posibilidad legal de que los trabajadores de las cooperativas se sindicalicen. En 2019, cuatro mineros fueron sentenciados a cinco años de prisión por ese crimen.
“Las cooperativas mineras se han convertido en un sector muy fuerte y privilegiado, pero además convencido de que sus privilegios pueden aumentar sin límite alguno, ni legal ni económico ni racional”, decía en 2016 Rafael Puente, viceministro de Régimen Interior nombrado por Morales en su primer año de gestión.
Sí que es un sector privilegiado, entre 2006 y 2022, “más de 16.000 millones de dólares fueron a las cooperativas (mineras auríferas)”, asegura Héctor Córdova, expresidente de la Comibol y docente universitario.
“El valor del oro explotado comparado con las regalías que se han dejado es irracional”, agrega Córdova, esas regalías deberían llegar a un 2,5% del valor del oro, y se reducen hasta un 1,5% si ese metal es comercializado en Bolivia.
Ganan mucho, aportan poco, exigen que se les condonen sus deudas a la Caja Nacional de Salud, tienen combustible subvencionado para trabajar, contaminan los ríos con el mercurio que utilizan y son numerosos: 80.000, 300.000 si se incluyen a sus familias.
Ese es un número que tendrá su peso mañana, cuando el presidente del Estado reciba a los dirigentes de este conflictivo sector que no ven “voluntad política” para atender sus demandas.
