Las medidas 11 y 12

La noche del miércoles, el gobierno anunció un paquete de 10 medidas destinadas a mitigar la crisis de combustibles que atraviesa el país debido a la escasez de dólares para su compra. Entre las disposiciones destacan la reducción del 50% en el uso de vehículos oficiales,  el incremento de la oferta de combustibles; la implementación de horario continuo, el teletrabajo y las clases virtuales para los estudiantes.  Sin embargo, la Iglesia católica, en una postura más estructural, propuso soluciones de mayor alcance, como la importación de crudo sin impuestos para evitar un mayor impacto en la población,  la reducción del gasto público,  el fomento de las exportaciones,  y el fortalecimiento de la inversión privada, entre otros temas.

Las cámaras empresariales, dependiendo de su afinidad o discrepancia con el gobierno, han presentado posturas que oscilan entre planteamientos tibios y propuestas radicales. No obstante, existe un consenso en el sentido de que el gobierno está sacrificando al pueblo para sostener su estructura política y económica. A pesar de ello, ni empresarios ni la Iglesia han desarrollado con claridad qué implicaría la tan mentada “reducción del gasto público”.  Para eso recurro a un dicho popular mencionado por los padrecitos de la Iglesia en su declaración: “A grandes males, grandes remedios”.  Entonces, a las 10 medidas del gobierno agregaría estas dos:

Medida 11: Uno de los mayores problemas estructurales del país es la sobredimensión de la burocracia estatal. El despido de personal supernumerario y la eliminación de entidades improductivas (feministas, antiimperialistas, aeroespaciales, nucleares, y otras tucuimas, por ejemplo) podrían representar un alivio significativo para las finanzas públicas. Sin embargo, el gobierno central y los subnacionales, en lugar de reducir el déficit fiscal desde el mes de enero de 2025, ha incrementado la contratación de 10.000 consultores y nuevos funcionarios, agravando la crisis.  

Además, el control político y piramidal que ejerce el MAS sobre el aparato estatal ha convertido los salarios de los funcionarios en un mecanismo de pongueaje partidario de lo más humillante. Desde el empleado más bajo hasta los altos jerarcas deben aportar parte de su sueldo a los dirigentes que los respaldan y les “avalan”. Esta estructura ha permitido que tanto los “arcistas” y los “evistas” coexistan fraternalmente dentro del gobierno, manteniendo una división artificial que en realidad responde a los mismos intereses. En la cima de esta pirámide, no sería descabellado pensar que Evo Morales sigue recibiendo contribuciones de sus “leales” dentro del aparato estatal.  

Según algunos estudiantes universitarios de economía en las redes comentan cosas como estas: “el pago de estos salarios se financia mediante deuda pública o emisión monetaria, lo que eleva el riesgo de inflación y devaluación”…. “Si el gobierno no ajusta de manera eficiente el gasto en salarios públicos, el país podría enfrentarse a un escenario de déficits insostenibles, inflación descontrolada y recesión prolongada”. 

Medida 12: Otra medida viable sería la disminución de los sueldos de los altos ejecutivos de instituciones y empresas estatales. Esto reduciría la carga fiscal y enviaría un mensaje de compromiso con la población que está sufriendo los efectos de la crisis. Además, contribuiría a cerrar la brecha salarial entre funcionarios de alto rango y empleados de menor nivel, que es la panacea de cualquier socialista ortodoxo.  Un amigo mío, muy azul él, me decía que esta medida podría generar una “fuga de talento” hacia el sector privado: Me reí en su cara y sin miedo he afirmado que desde que el MAS asumió el poder, no ha habido funcionarios destacados que dejen huella en la administración pública por su talento, por lo que esa reducción salarial difícilmente provocaría un impacto negativo en la ya de por sí mediocre calidad profesional del aparato estatal.  

El gobierno ha tomado medidas para enfrentar la crisis de combustibles, pero la pregunta sigue en el aire: ¿son suficientes? La urgencia de la situación exige acciones concretas y decisiones difíciles, pero necesarias para evitar un colapso mayor, pero el gobierno quiere llegar bien parado al 17 de agosto de 2025 solo para sostener en sus puestos de trabajo al medio millón de parásitos, que ahora cobran sus sueldos puntualmente y están blindados de la crisis.