Según analistas, el país afronta un proceso de “judicialización electoral”
Con la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, el país puso en marcha la figura de los jueces constitucionales, como guardianes del cumplimiento de la Carta Magna. Sin embargo, sus atribuciones, con el paso del tiempo, han generado un “escenario del gobierno de los jueces.
El criterio corresponde al exministro de Justicia, Carlos Alberto Goitia, quien coincide con el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Boris Arias, cuando asegura, en criterio personal, aparte de su investidura de magistrado, que “la justicia constitucional, tal vez, se ha extendido demasiado en la teoría del neoconstitucionalismo”, pues todas las relaciones particulares y jurídicas deben regularse por la Constitución.
Teoría
Goitia explicó que el neoconstitucionalismo es un movimiento que se ha convertido en un fenómeno latinoamericano, en el que se han inscrito las constituciones de Brasil (1988), Colombia (1991), Venezuela, Ecuador (2008) y Bolivia (2009), como parte de movimientos de profundas reformas en la región.
En Bolivia, Ecuador y Venezuela se da mayor cabida a los postulados neoconstitucionales, que “apuestan fuertemente por el rol de los jueces constitucionales antes que, a las decisiones de las grandes mayorías, expresadas en el Legislativo o el Ejecutivo”, indicó Goitia.
Los jueces constitucionales deben vigilar que las regulaciones de la Constitución se cumplan. Sin embargo, en ese ejercicio del poder, “se han convertido en instrumentos políticos para la consolidación de regímenes autoritarios”, sostuvo el jurista.
El exministro aseguró que, desde un punto de vista teórico, la presencia de los jueces constitucionales debió resultar positiva, porque se entiende que son actores que se oponen al abuso del poder y pueden ponerle un freno.
“Sin embargo, la práctica demuestra que se abrió la puerta para el lado perverso”, dijo. Señaló que se trata de una falla en la aplicación de la norma, reconocida por sus ideólogos, los juristas españoles Roberto Viciano y Rubén Martínez.
En la práctica, sobre las demandas interpuestas contra algunos de los 10 partidos políticos, que tienen la posibilidad de participar en las elecciones de agosto, Goitia indicó que “no son malas las acciones de amparo u otros recursos presentados, ante lo que se considera la vulneración de los derechos; más bien qué bueno que se cuente con ese mecanismo procesal constitucional para proteger los derechos y garantías”.
Ante esa situación, Arias opinó que “en los años anteriores, la justicia constitucional se expandió demasiado y yo entiendo que, a través de una reforma legislativa o una reforma constitucional, ya que el Tribunal no ha seguido figuras de autorrestricción, deberíamos volver a poner en su lugar al Tribunal Constitucional. El Tribunal no debe resolver, no debe politizarse de alguna manera”.
Goitia opinó que la evidente crisis de la aplicación de la Constitución Política del Estado a manos de los jueces especiales termina en la urgencia de introducir una reforma constitucional para corregir este problema.
