El territorio necesita un nuevo Gobierno

La alianza política que gobernará Bolivia desde el 8 de noviembre deberá enfrentar una agenda territorial que no ha sido profundizada en el debate electoral por la existencia de titulares que priorizaron la falta de combustible, la ausencia de dólares, los precios de la canasta familiar y la corrupción.

Sobre la gestión territorial, los discursos han girado en torno a propuestas básicas que pareciera tienen consenso. Respeto a las autonomías, redistribución de los ingresos coparticipables en 50/50 gobierno central/gobiernos autónomos, devolución de competencias, apoyo a agendas productivas y de desarrollo, y el compromiso de ejecutar un Pacto Fiscal que el MAS ignoró bochornosamente.

El programa Evo Cumple convirtió al Ministro de la Presidencia en el primer gobernador y alcalde de la república, y al Presidente, en el dueño solitario del dispendio resultando un modelo irrepetible por la migración campo ciudad, y una población 60% menor de 30 años, en la que el 44% de los votantes, son menores de 35 años, demandantes y exigentes.

Debemos hacer un esfuerzo para entender lo que se viene. Los resultados preliminares del censo señalan que cerca del 80% ya vive en ciudades, y siendo un país urbano, sin embargo, no tiene políticas que lo acompañen, mientras el Estado continúa declarándose “originario indígena campesino”, generando una distorsión de las políticas públicas.

Esto no significa negar la realidad pluricultural y multinacional, sino reconocer que debemos ajustarnos a las exigencias que ello significa. Circula una pregunta tendenciosa sobre qué pasará si en el parlamento se eligen menos pochos y más corbatas, proponiendo un tendencioso falso debate.

Si es verdad que el año 2034 proyectamos tener 15 millones de habitantes, viviendo el 90% de ellos en ciudades y con 1 millón de km2 técnicamente sin población, otras son las preguntas que debemos hacernos.

Siguen otros datos. En 35 municipios con población mayor de 50.000 habitantes, se concentra cerca del 80 % de la población, distribuida en 21 municipios de las tres regiones metropolitanas, seis capitales restantes, y en ocho municipios dispersos, Riberalta, Yacuiba, San Ignacio de Velasco, Yapacaní, Pailón, Villa Tunari, Puerto Villarroel y Caranavi.

De los 343 gobiernos locales, 241 municipios menores de 20.000 habitantes no tienen hospital de 2do nivel; eran 256 en el Censo 2012 y la disminución de municipios no modifica el número que seguirá sin hospital y otros servicios básicos.

La buena noticia es que las nueve gobernaciones y los 343 gobierno locales tienen un capítulo en sus planes de desarrollo destinado al turismo dejando en evidencia que es el mejor instrumento para construir cohesión social, alianzas y generar excedente simbólico y económico en todo el territorio; al turismo se integran más de 20 actores de manera directa, el 70% de la cadena son mujeres y sin que hagamos uso de ello, es el país elegido en el número 7 entre 75 países del mundo como mejor destino de Paz y Tranquilidad.

El nuevo mapa del desarrollo territorial necesita fortalecerse desde las autonomías para generar trabajo y producción, en Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, con un Gobierno central que debe ser facilitado para que los protagonistas sean los territorios.

Tendremos que recuperar las mancomunidades municipales que están trabajando y convertir en política pública el fortalecimiento de las ciudades intermedias ubicadas en lugares estratégicos para que actúen como nodos articuladores de servicios y desarrollo; ya existe una investigación del Cepad sobre 25 de ellas para convertirlas en protagonistas en un país extenso y de tan poca población.

Tenemos una deuda territorial casi absoluta en conectividad, inteligencia artificial y competitividad. La brecha de la exclusión y la marginalidad social, hoy se expresa en ausencia de conexión, banda ancha y satélite.

Es verdad que esta pareciera ser la agenda de las próximas elecciones regionales, pero lo que muchos centralistas mentales no comprenden es que el ciudadano que votará y decidirá el 17 de agosto, es el mismo que necesita tener respuestas donde vive, ahora, antes de tomar la decisión de marcharse. Necesitamos cambiar, esto ya no es sostenible.

El autor es director de Innovación del Cepad