Consejo de la Magistratura abre auditoría del caso de Freddy Vidovic
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este jueves la apertura de una auditoría judicial inmediata al proceso en el que habría sido sentenciado el actual ministro de Justicia, Freddy Vidovic Falch, tras las recientes declaraciones del propio ministro sobre presuntas torturas y manipulación judicial en ese caso.
Baptista informó que el Consejo de la Magistratura convocó a los medios de comunicación ante lo que calificó como “dos casos escandalosos para la justicia boliviana”, y señaló que uno de ellos corresponde al expediente en el que un juez habría dictado sentencia contra quien hoy ocupa la cartera de Justicia.
“El ministro de Justicia y un fiscal de materia han declarado públicamente que existieron torturas, privaciones de libertad y una manipulación en la justicia para dictar sentencias. Como Consejo de la Magistratura no podemos escuchar de palco este tipo de declaraciones de autoridades tan importantes en el país”, afirmó Baptista.
El titular del Consejo explicó que se instruyó a la Dirección Distrital del Consejo de la Magistratura en el departamento de La Paz revisar el expediente del caso, para verificar si efectivamente el entonces acusado fue sentenciado bajo un procedimiento abreviado obtenido mediante coacción o tortura.
“Todos conocemos esta información: se habría firmado incluso no por aceptar una culpabilidad, sino por salvar su vida. Ningún ciudadano en nuestro país puede ser sometido a una sentencia sin ser culpable”, remarcó.
Baptista aseguró que, pese al tiempo transcurrido desde los hechos, el proceso debe ser revisado “para destruir de una vez por todas cualquier forma de injerencia en contra de los jueces” y garantizar que no se repitan prácticas de presión o manipulación judicial.
En esa línea, recordó que recientemente el Consejo de la Magistratura presentó un protocolo para resguardar la independencia judicial en Bolivia, documento que instruye a los jueces actuar con autonomía y denunciar cualquier intento de coacción o interferencia en sus decisiones.
“Si un juez tiene conocimiento de que una persona ha sido torturada o detenida más del tiempo necesario y, aun así, la sentencia, ese juez también es responsable”, enfatizó.
Finalmente, Baptista adelantó que, de comprobarse irregularidades en el proceso que afectó al actual ministro de Justicia, se activará el régimen disciplinario correspondiente y se impondrá una sanción ejemplificadora a los responsables del juzgamiento ilegal.
