La inviabilidad del paro y la ilusión del desacato

El escenario político boliviano actual se presenta como una paradoja casi incomprensible. La convocatoria a medidas de presión contra el Decreto Supremo 5503 que busca mitigar el peso insostenible de la subvención a los carburantes, no es solo un gesto de resistencia, sino el síntoma de una desconexión profunda entre las viejas dirigencias sindicales llamadas populares frente a la realidad estructural del país.

Desde una mirada sociológica crítica, el paro resulta inviable no solo por una cuestión de fuerzas, sino por un agotamiento del modelo de interlocución social y una urgencia económica que bordea lo existencial.

Entre la insolvencia de las lecturas “obreras” y la contundencia de la crisis, cualquier “paro” se va a transformar en un boomerang que terminará cortando las cabezas de los actuales dirigentes gremiales. Varios factores convergen en este fenómeno.

El primero de todos es la vigencia de una nueva geografía del poder. Históricamente, el "efecto estatal" en Bolivia (esa capacidad de los sectores sociales para condicionar o sustituir la voluntad del Estado) residía en lo que Bourdieu llamaría el capital simbólico de los sectores populares.

Durante el siglo XX, los "pobres" y los "marginados" eran los interlocutores principales del campo político. Sin embargo, hoy asistimos a una reconfiguración en la que ese habitus ha perdido su centralidad.

El poder se ha desplazado. Los sectores populares ya no detentan el monopolio de la presión política; han sido sustituidos por una clase media heterogénea y una ciudadanía urbana que prioriza la estabilidad de su consumo sobre la épica de la calle, y ante la situación actual del país, se alinean a favor de las medidas de estabilización más que a favor de las protestas “revolucionarias” de sectores que, claramente, no han logrado desprenderse de las viejas tácticas y de las lecturas encriptadas en el poder de “las masas” y el hipnótico poder de las calles.

Todo indica que no han comprendido que los vínculos de solidaridad gremial se han diluido en favor de una supervivencia individualista y precarizada. El paro, en consecuencia, nace huérfano del respaldo ciudadano y termina reducido a una acción de sectores que no han comprendido el sentido de las nuevas fuerzas sociales, cuyo único recurso real anida en la elocuencia del discurso.

La segunda razón de esta inviabilidad es de una racionalidad técnica aplastante. Rechazar la supresión de la subvención a los combustibles es, hoy por hoy, un acto suicida. Mantener el artificio de precios bajos cuando las reservas de divisas se han evaporado y la producción de hidrocarburos ha colapsado es empujar al aparato productivo nacional hacia un abismo sin retorno.

El Gobierno ya no puede sostener la legalidad de un bienestar ficticio sin poner en riesgo la existencia misma de la economía y del Estado. El sector productivo (desde el agroindustrial hasta el transportista minorista) depende de la disponibilidad real del combustible y no de su precio teórico.

Insistir en el paro es boicotear la propia fuente de ingresos de quienes dicen defenderla; es una contradicción que revela cómo la ideología “popular” suele chocar frontalmente con las necesidades reales de los sectores más empobrecidos.

Frente a este panorama, es imperativo señalar que la crisis actual no es un evento fortuito, sino el resultado de un ciclo de dominación populista que, bajo el ropaje del "proceso de cambio", reprodujo lógicas de explotación y corrupción sin precedentes en la historia nacional.

Empero, el paso de la bonanza a la escasez ha dejado claro que la institucionalidad de la que se jactaba el masismo no fue más que la superestructura que legitimó un ciclo de acumulación centrado en el extractivismo.

La corrupción y la falta de inversión estratégica durante casi dos décadas han dejado al Gobierno actual en una posición de administrador de la escasez. El "yugo" no es solo el Decreto, sino la herencia de un Estado que gastó su futuro en el presente.

En suma, vivimos una democracia bajo el peso de la realidad, en la que el paro es inviable porque han desaparecido las condiciones sociológicas y económicas que le daban sentido. La democracia boliviana hoy tiene actores diferentes que encarnan una visión occidental inscrita en los patrones de la modernidad, el capital, el consumo y el anhelo de una vida digna.

Acabó el lamento boliviano, y eso, por extensión, cubre todo el espectro de la acción política y social actual.

La inviabilidad del paro es la señal, además, de que el país necesita transitar de la protesta reactiva a una reconstrucción del campo político que incorpore la ciudadanía real y no solo la legal.

El fin de la subvención es el fin de una ilusión; aceptarlo es el primer paso para evitar que el colapso económico termine por disolver lo poco que queda de nuestra precaria estabilidad institucional

El autor es sociólogo