¿Hay propuestas para el ordenamiento territorial?
A poco más de dos meses de los comicios para renovar autoridades políticas departamentales y municipales, hay un tema acerca del cual los electores tendríamos que demandar propuestas concretas a quienes aspiran a ser elegidos.
Se trata de la planificación del crecimiento urbano de acuerdo con el ordenamiento territorial y de uso de suelos que son atribuciones de los gobiernos municipales “en coordinación con los planes del nivel central del Estado (y de los gobiernos) departamentales”, como lo establece la Constitución y lo ratifica la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Pero eso no ocurre como lo dicta el ordenamiento jurídico nacional. Así, la mancha urbana de los municipios crece al ritmo de los avasallamientos, asentamientos ilegales y loteamientos no autorizados –que luego se legalizan– y, en muchos casos, en terrenos de zonas categorizadas aún como rurales.
En efecto, esas acciones delincuenciales perpetradas –a menudo con violencia– por grupos organizados se han multiplicado y ocurrido con mayor frecuencia en los últimos cinco años.
La acción de los avasalladores que invaden tierras privadas, fiscales y comunitarias para lotearlas y vender esos terrenos –todo ello de manera ilegal– se extiende de manera constante, al contrario de las intervenciones de las autoridades correspondientes.
No ocurre solo en Cochabamba, pero en este departamento, además de los problemas de infraestructura que ocasiona, el crecimiento desordenado de la mancha urbana también pone en riesgo la seguridad alimentaria.
Eso ocurrió, por ejemplo, en 2023 cuando la destrucción de canales de riego para facilitar el crecimiento de urbanizaciones clandestinas redujo el agua para riego afectando a la producción agropecuaria.
La situación es más crítica en la región metropolitana y en el valle alto, donde la huella urbana se expande de forma intensiva al mismo tiempo que crece la migración a las ciudades, tendencia irreversible como se constata en los datos demográficos intercensales que revelan un aumento de la población citadina y una disminución de la rural.
Entre 2012 y 2024, años de los últimos censos de población, el número de habitantes del municipio de Cercado creció en un 4,7%, el correspondiente a Sacaba en 26,7% y el de Quillacollo en 20,9%.
Así, es importante y trascendental que los electores interpelen a los aspirantes a autoridades políticas del departamento y de los municipios que registran mayor inmigración, qué planes tienen respecto al ordenamiento territorial y la planificación del uso de suelos.
Es evidente que las propuestas electorales se orientan más a temas cuyo impacto es de corto y mediano plazo, así los candidatos impresionan mejor a los electores pues estos son más sensibles a las ofertas de posible efecto inmediato.
Pero quienes serán elegidos decidirán lo que pasa en sus territorios durante los cinco próximos años.
