La mentalidad autoritaria y el desgaste democrático

Bolivia ha convivido históricamente con el conflicto como mecanismo de presión política. Sin embargo, los más de 40 días de bloqueos, las amenazas de paralización nacional y los episodios de violencia registrados en distintas regiones del país revelan un fenómeno más profundo que una simple disputa sectorial.

Cuando las carreteras se convierten en trincheras y la presión sustituye al debate, el conflicto deja de ser una herramienta de reivindicación para transformarse en un cuestionamiento al propio orden institucional.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con una democracia cuando los mecanismos constitucionales son desplazados por una cultura política que privilegia la confrontación permanente?

Para responder a esta interrogante conviene acudir al concepto de cultura política. H. C. F. Mansilla la define como el conjunto de valores, orientaciones y actitudes que influyen de manera recurrente en las decisiones políticas de una sociedad.

En el fondo, los estudios sobre cultura política buscan identificar la mentalidad predominante de una colectividad. Desde esta perspectiva, detrás de las movilizaciones actuales emerge una lógica donde el desacuerdo deja de expresarse mediante mecanismos democráticos y se transforma en una práctica orientada a desconocer la autoridad legítimamente constituida.

No resulta casual que Mansilla identifique al autoritarismo como uno de los rasgos más persistentes de la cultura política boliviana, una herencia histórica que ha sobrevivido a distintos periodos y sistemas de gobierno.

Ahora bien, es necesario distinguir entre autoridad y autoritarismo. La autoridad nace del consentimiento y de la legitimidad otorgada por la comunidad política; el autoritarismo, en cambio, aparece cuando se pretende imponer la voluntad propia al margen de las reglas compartidas.

Rodrigo Paz Pereira llegó al Gobierno mediante elecciones y, mientras su mandato conserve sustento constitucional, su autoridad posee legitimidad jurídica y política. En democracia, el desacuerdo es legítimo; lo que resulta problemático es sustituir los mecanismos institucionales, previstos por la Constitución, por estrategias orientadas a forzar la caída de una autoridad electa.

La mentalidad autoritaria no se expresa únicamente desde el Estado. También puede manifestarse desde organizaciones sociales, sindicales o políticas que consideran que solo sus demandas son válidas y que toda negativa constituye una agresión intolerable.

Como señala Jorge Lazarte, se configura entonces una democracia restringida a quienes comparten una misma identidad social o ideológica. Desde esa lógica, el derecho al disenso es reemplazado por la obligación del consenso. La negociación deja de ser un espacio de construcción colectiva para convertirse en una exigencia de obediencia.

Cuando sectores movilizados rechazan cualquier posibilidad de acuerdo y condicionan toda salida a la renuncia presidencial, el conflicto se desplaza desde la reivindicación hacia la imposición.

Durante las últimas décadas, numerosas organizaciones campesinas y sindicales adquirieron una importante capacidad de movilización política. Este proceso fortaleció su presencia pública y su capacidad de representación. Sin embargo, también consolidó una cultura donde el bloqueo, la marcha y la presión son percibidos como instrumentos normales de acción política.

El problema surge cuando estos mecanismos sustituyen de manera permanente a las instituciones democráticas y convierten el conflicto en la principal forma de participación política.

Los acontecimientos recientes en San Julián ilustran esta preocupación. El hecho de que efectivos policiales resultaran heridos por impactos de bala durante operativos de desbloqueo constituye un indicador de radicalización que no puede ser minimizado.

Más allá de las responsabilidades específicas, la incorporación de la violencia física al conflicto revela una escalada incompatible con la lógica democrática donde las diferencias deben procesarse mediante deliberación y no mediante la fuerza.

La democracia no exige unanimidad; exige respeto a las reglas del juego. Si existen desacuerdos con el Gobierno, la propia Constitución ofrece mecanismos para canalizarlos, desde el control político hasta los procesos electorales y el referéndum revocatorio.

Cuando esos instrumentos son desplazados por la presión permanente, el bloqueo y la violencia, la política deja de orientarse por la persuasión y comienza a aproximarse a la imposición.

Es allí donde la mentalidad autoritaria, venga de donde venga, se convierte en una amenaza para la estabilidad democrática y para la convivencia de una sociedad plural.

El autor es docente de la carrera de Ciencia Política de la UMSS