Lizárraga responde a intento de vincularla con el caso Cerimedo-Beller y reciclar una sentencia

La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, se pronunció hoy sábado sobre un aparente intento de querer vincularla con el caso Cerimedo-Beller porque su exmarido es uno de los abogados defensores del exasesor presidencial. Además, denunció que se está reciclando una sentencia en su contra de 2024 de un proceso en el que presentó sus pruebas de descargo.

 

A continuación, la carta publicada por Lizárraga y enviada a los medios:

 

Queridos colegas y amigos:

 

En las últimas horas ha vuelto a circular en redes sociales una sentencia en mi contra que no es nueva: corresponde a agosto de 2024. Ante la posibilidad de que medios y periodistas sean sorprendidos por información presentada fuera de contexto, quiero precisar algunos hechos y pedirles, como colega, algo elemental en nuestro oficio: rigor, contraste y derecho a respuesta.

 

El proceso judicial iniciado en mi contra siempre lo denuncié como un proceso de naturaleza política, destinado a provocarme una muerte civil. Al no encontrar hechos irregulares vinculados a mi gestión pública, se investigaron movimientos económicos correspondientes a enero, febrero y marzo de 2019, cuando yo no ejercía ningún cargo público. Recién asumí el Ministerio de Comunicación en noviembre de ese año.

 

La investigación alcanzó una cuenta que había mantenido con Ramiro Vega. Para cuando asumí como ministra, yo ya me encontraba separada de él. Se trataba de una cuenta familiar en la que se realizaban movimientos vinculados principalmente a su actividad profesional. Precisamente por esos recursos fueron investigados también Ramiro Vega y su hijo.

 

Ante la Fiscalía y la Justicia se presentaron facturas, igualas profesionales y documentación de descargo destinada a acreditar el origen de esos recursos. Ramiro Vega y su hijo fueron sobreseídos. A mí, en cambio, me sentenciaron. Esa diferencia en el tratamiento de las mismas pruebas es una de las razones fundamentales por las que sostuve en 2024, y sostengo hoy, que existió una decisión política para condenarme, destruir mi reputación y provocar mi muerte civil.

 

Tampoco puede ignorarse el contexto. Mucho antes de ser ministra, desde el ejercicio del periodismo, mantuve una posición crítica frente a Evo Morales y al socialismo. Y como ministra de Comunicación asumí decisiones que tuvieron consecuencias políticas: promoví acciones legales relacionadas con el fraude electoral y la sigla del MAS; adopté medidas respecto a radios comunitarias que, a mi juicio, eran utilizadas como instrumentos de propaganda política; dispuse la salida de la señal de Telesur y denuncié públicamente los privilegios y lujos del poder de Evo Morales.

 

Hoy, dos años después, esa sentencia reaparece coincidiendo con la participación profesional de mi exesposo, Ramiro Vega, en el denominado caso Cerimedo–Beller, que ha generado una enorme controversia nacional.

 

Quiero ser categórica: no tengo absolutamente ninguna participación en ese proceso. No formo parte del sector de Cerimedo, del de Beller ni del Gobierno, ni represento los intereses de ninguna de las partes enfrentadas. Quiero mantener distancia absoluta de ese conflicto.

 

Desconozco quién está impulsando esta nueva ofensiva y no voy a acusar a nadie sin pruebas. Lo que sí rechazo categóricamente es que una sentencia de 2024 sea reciclada y utilizada fuera de contexto para intentar instalar falsamente una narrativa de corrupción sobre mi persona y vincularme con un caso en el que no tengo ninguna participación.

 

A mis colegas periodistas les pido algo sencillo: verifiquen, contrasten y escuchen mi versión antes de publicar. No pido privilegios ni que nadie me defienda. Pido el mismo rigor periodístico que defendí durante toda mi carrera.

 

Y hago además un llamado público: si existe voluntad de recuperar la independencia y credibilidad de la Justicia boliviana, solicito que mi proceso sea revisado y auditado con absoluta transparencia. Que se revisen las fechas, los movimientos, los descargos, las pruebas, y la sentencia. No le temo a esa revisión; al contrario, la estoy pidiendo.

 

Quiero regresar a Bolivia. Pero quiero hacerlo con mi nombre limpio y habiendo agotado todos los mecanismos para defender mi verdad, mi dignidad y mi honorabilidad.

 

No permitiré que una disputa de la que no formo parte sea utilizada para destruir mi nombre.

 

La verdad siempre ha sido mi fortaleza. No voy a callar. Voy a defenderme.

 

Estoy a disposición de cualquier periodista o medio de comunicación serio que quiera hacer preguntas, conocer los antecedentes o revisar la documentación correspondiente.

 

Roxana Lizárraga Vera

Periodista - Abogada y exministra de Comunicación de Bolivia. En el exilio.

12 de septiembre 2026.