Cae funcionaria que trabajó con Costas y se prevén más detenciones

Una funcionaria que trabajó en la Gobernación de Santa Cruz y luego en la Alcaldía de Cochabamba, Carolina Ayala, fue aprehendida ayer por el caso mochilas. Se trata de la Responsable del Proceso de Contratación (RPC), cuya labor fue verificar la legalidad de las empresas que se presentaron a la licitación.

Ayala fungía como directora de Contrataciones y fue la segunda RPC. El primero fue el exsecretario de Finanzas, Diego Moreno, quien renunció luego de la denuncia de sobreprecios en los seguros.

El alcalde José María Leyes señaló, durante la audiencia de medidas cautelares, que la designación de Ayala fue porque Moreno renunció a la Alcaldía. La investigación se amplió a la funcionaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con sus funciones.

Por una confusión de fechas y notificaciones para su declaración, Ayala se presentó en la mañana sin que exista una notificación. Sin embargo, cuando volvió en la tarde, se encontró con el mandamiento de aprehensión.

“Le hicieron algunas preguntas muy ambiguas como cuáles eran sus funciones, a qué se dedicaba. Pero la realidad es que ella sólo continuó un proceso que se le asignó en diciembre, por la renuncia de Moreno”, explicó su abogado defensor, Dante Reyes.

Siguió: “El proceso tiene tres partes: la elaboración de las especificaciones técnicas, la verificación de la legalidad de las empresas y boletas, lo cual es responsabilidad de la RPC y finalmente está la comisión calificadora (…) Existen irregularidades en el proceso, pero ella no tenía conocimiento ni le correspondía, porque sólo continuó”.

Por su parte, el concejal Sergio Rodríguez (MAS) señaló que esta funcionaria trabajó en la Gobernación de Santa Cruz, dirigida por Rubén Costas.

“Fue responsable de licitaciones de Santa Cruz. Ni bien entró el alcalde Leyes, ella renunció a su trabajo allí para venir a Cochabamba, con su esposo que está en la Secretaría de Salud, son cuotas”, manifestó Rodríguez.

En tanto, el abogado de Ayala señaló que su trabajo en la Gobernación no tiene relación con la empresa. “Es una funcionaria calificada. Incluso es docente en la Contraloría”, aseveró Reyes.

La funcionaria fue enviada a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) Norte. Hasta hoy se debe señalar la audiencia de medidas cautelares.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó sobre la aprehensión y señaló: “Es una investigación que va a seguir su curso y va a continuar, se están haciendo otros requerimientos (…) Aquí hay un hecho de corrupción, el cual se está investigando”.

Se trata de la segunda aprehendida en el caso de las mochilas escolares. El primero fue el alcalde José María Leyes, el pasado viernes.

Sin embargo, el concejal Rodríguez indicó que hay al menos 14 involucrados en el proceso con mayor y menor grado de participación.

“Esto es como el puente colapsado. Hay personas que han tenido participación directa como el RPC, el encargado de elaborar las especificaciones técnicas, la comisión calificadora”, dijo.

Siguió: “Christian Siles hizo las especificaciones. Habría que saber si él filtró o le entregó a alguien para que filtre la información. El Alcalde tiene responsabilidad, pero se debe determinar el grado”. El caso mochilas se investiga desde el 2 de abril por la sospecha de un sobreprecio de 10 millones.

DATOS

Al menos 14 funcionarios involucrados. Desde la elaboración del Documento Base de Contratación hasta la firma del contrato, se estima que al menos 14 funcionarios fueron parte del proceso de licitación de las mochilas escolares.

Responsabilidad de diferentes grados. Las responsabilidades de cada funcionario son de diferentes grados, según los niveles de participación y conocimiento de los documentos, las empresas, entre otros detalles.

Alcalde conocía algunos detalles técnicos. Según el concejal Rodríguez, el Alcalde podría haber indicado algunos elementos sobre el diseño de la mochila que quisiera que se tomaran en cuenta al elaborar el Documento Base de Contratación (DBC). “Y seguramente vio el diseño final para dar el visto bueno”, comentó.

Más funcionarios podían conocer DBC. Asimismo, Rodríguez indicó que es posible que alguien estuviera verificando el trabajo de quien conocía las especificaciones técnicas y las filtrara. Pero tampoco se puede descartar que quien la elaboró podría ser quien entregara la información a la empresa que hizo la compra 104 días antes de la publicación de la licitación.

DEFENSA DEL ALCALDE APELA LA DETENCIÓN HOY

La defensa del alcalde José María Leyes trabaja con celeridad para la restitución de sus derechos laborales y políticos. Su abogado, Humberto Trigo, manifestó que hoy presenta la apelación ante la jueza Anticorrupción, Sarah Céspedes.

“Lo único que ella tiene que hacer es remitir mañana (por hoy) mismo al Tribunal Departamental. Una vez que les llegue, tiene 24 horas para fijar audiencia. Es decir, hasta el miércoles, como máximo hasta el viernes”, manifestó Trigo.

Asimismo, indicó que tienen los elementos para demostrar que el Alcalde no puede influenciar sobre nadie por sólo ir a la Alcaldía. Además que no existen elementos de convicción para que se señale que Leyes cometió algún delito.

“Hay una lista de funcionarios implicados y que además trabajan en las oficinas de la plaza Colón. Es una exageración prohibir que el Alcalde hable con todos los funcionarios”, aseveró.