Agropecuarios reciben 90 denuncias de avasallamientos de tierras productivas
La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) recibió desde el año pasado a la fecha 90 denuncias de avasallamientos de tierras productivas, reportó ayer en un encuentro nacional del sector.
Las regiones más afectadas son el valle alto y bajo, pero el problema se va extendiendo a todo el departamento, alertó ayer el gerente de la CAC, Rolando Morales.
Tras conocer nuevos casos de avasallamientos en el municipio Sacaba, dijo que se solicitará al Gobierno nacional, al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la Fiscalía y a la Policía que se trabaje de forma conjunta para hacer cumplir las leyes y los fallos que protegen el derecho propiedad privada.
“Lo contrario es inseguridad en la provisión alimentaria. Recordemos que desde la tierra producimos los alimentos. Cuando hay este tipo de eventualidades, inmediatamente disminuye la producción y esto se agrava con otros problemas”, puntualizó.
El gerente de la CAC destacó la importancia de trabajar de forma conjunta para resguardar la vocación productiva.
“Hemos logrado importantes acercamientos con el Gobierno nacional, es así que se ha liberado de este delito a la Hacienda Angostura, una actividad con más de 100 años de tradición, y otras granjas productivas en el valle alto; sin embargo, continuamos con el problema”, aseveró.
En ese contexto, la CAC fue parte de un encuentro con representantes de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) en el que se analizaron alternativas para retomar los acercamientos con el nivel central para buscar soluciones que permitan combatir los avasallamientos en el país, además de el contrabando y la falta de divisas.
El presidente de Confeagro, José Luis Farah, añadió que se continúa escuchando a las víctimas de avasallamientos, por lo que se pedirá al Gobierno actuar con mano dura contra los responsables de la toma de tierras.
El gerente de la CAC, Rolando Morales, informó ayer que se identificó que los avasalladores atacan los predios de ancianos y personas que pertenecen a grupos vulnerables que no están en condiciones de resistir los ataques.
“Grupos ilegales se están entrando a las tierras de productores ancianos que no tienen ni la fuerza física para defenderse, por eso estamos tomando una posición para que el Gobierno pueda prestarle más atención a este problema”, dijo.
