Arce cumple 100 días de gestión sin un plan sólido de reactivación

Han pasado 100 días desde que Luis Arce Catacora juró como presidente de Bolivia. Y aunque en este periodo adoptó varias medidas económicas, como el pago del Bono Contra el Hambre, la reprogramación y/o refinanciamiento de créditos, la creación de créditos al 0,5 por ciento de interés, entre otras, especialistas afirman que aún carece de un plan sólido orientado a la reactivación económica.

Los economistas José Espinoza y Germán Molina coinciden en que había altas expectativas respeto al manejo económico en el Gobierno de Arce, pero que en los primeros 100 días de gestión se demostró que no hay respuestas contundentes a la crisis y que no se observa un plan claro orientado a la recuperación económica; además que sus políticas son similares a las aplicadas durante los 14 años de Gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante la rendición pública de cuentas de esta cartera de Estado, destacó las medidas económicas asumidas hasta la fecha y las dividió en cinco grupos: sociales, financieras, fiscales, sectoriales y de desmonte de la política neoliberal (ver infografía).

Entre las medidas sociales se encuentra el pago del Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos que, según la autoridad, llegó a más de 3,8 millones de personas y ayudó a cubrir las necesidades básicas de las familias más necesitadas y a dinamizar la demanda interna.

No opina lo mismo Espinoza, quien considera que el bono permitió mejorar el poder adquisitivo de los beneficiarios, pero su impacto en el consumo fue limitado al igual que en la macroeconomía. 

También afirma que, debido a la incertidumbre que prima en el país por una tercera ola de Covid-19, muchas personas optaron por retraer su consumo e ingresar a un ahorro precautorio, de modo que gran parte de los recursos correspondientes al bono no se inyectaron a la economía nacional.

Dentro de las medidas financieras, se encuentra la reprogramación y/o refinanciamiento de créditos diferidos en la gestión 2020 con un periodo de gracia de seis meses. Montenegro dijo que ésta es una solución integral para la economía boliviana porque beneficia a la totalidad de los deudores que habían deferido sus créditos en la anterior gestión.

Sin embargo, la medida es cuestionada por Molina, quien advierte que se ocasiona un debilitamiento del sistema financiero, lo que afectará, incluso, al financiamiento de la inversión pública.

El Gobierno de Arce, como parte de sus medidas para “desmontar políticas neoliberales”, dejó sin efecto cinco resoluciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que fueron creadas en el gobierno de Jeanine Áñez con la finalidad de dar alivio tributario a las empresas afectadas por la pandemia. Al respecto, Montenegro afirmó que dichas normas eran contrarias a los intereses del Estado. 

La autoridad explicó que los “perdonazos en la parte tributaria” aplicados durante el Gobierno de transición generaron una brecha considerable en la generación de recursos, lo cual llevó a que la gestión 2020 cerrara con un déficit global y corriente del 12 por ciento.

La interpretación de Montenegro es cuestionada por Espinoza, quien afirma que la autoridad da un mensaje de presión tributaria sobre el sector privado en la presente gestión. El analista dice que el Estado tratará de recaudar más, lo que generará un daño mayor en la economía de las empresas y las familias que ya se encuentran golpeadas.

Entre las medidas fiscales adoptadas por Arce se encuentra el reintegro en efectivo del 5 por ciento en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para personas con ingresos igual o menor a 9 mil bolivianos. En cumplimiento de la medida, el SIN abona en la cuenta del beneficiario el 5 por ciento del monto acumulado en facturas durante un mes.

Según Espinoza, ésta es una medida positiva porque mueve a la formalización de la economía, puesto que los consumidores demandan más facturas para acceder al beneficio. Sin embargo, el analista cree que esta medida queda coja sin un apoyo al sector privado que permita reactivar la dinámica comercial.

Asimismo, Molina advierte que no existe una respuesta numerosa por parte de la población porque existe el temor al control y fiscalización por parte de Impuestos, tal y como ocurrió en los 14 años de gobierno de Evo Morales. No obstante, cabe mencionar que el presidente del SIN, Mario Cazón, informó que los beneficiarios del Re-IVA no serán fiscalizados.

ESCASA RECAUDACIÓN Y ALEJAMIENTO DE LA INVERSIÓN: LOS EFECTOS DEL IMPUESTO A LAS GRANDES FOTUNAS

REDACCIÓN CENTRAL

Dentro de las medidas fiscales adoptadas en el gobierno de Luis Arce Catacora se encuentra la creación del Impuesto a las Grandes Fortunas, que consiste en el pago de un tributo anual dirigido a las personas que posean un patrimonio igual o mayor a 30 millones de bolivianos.

Según cálculos expuestos por Arce, el impuesto alcanzará a unas 152 personas a nivel nacional y la recaudación anual, de aproximadamente 1.600 millones de bolivianos, será distribuida en miles de familias menos favorecidas.

Sin embargo, el economista José Espinoza afirma que la recaudación es pequeña, pues no equivale ni al 10 por ciento de una planilla mensual que paga el Estado. Además de ello, el tributo genera desconfianza en los inversionistas extranjeros y nacionales, y no necesariamente a los que posean más de 30 millones de bolivianos. 

“Esta cifra podría moverse discrecionalmente en el futuro. El beneficio es muy escaso y los costos y los riesgos que se han asumido para aplicar esta medida son muy grandes, sobre todo considerando que Bolivia es una economía con un tipo de cambio cuasi fijo y estamos en un momento donde las reservas están cada vez más bajas”, explicó.

Finalmente, añadió que se trata de una medida política que trata de fundamentar el discurso redistributivo, pero que desde el punto de vista técnico y económico es muy mala.