EEUU tilda a Ortega de "dictador" e insta al mundo a tratarlo como tal
Washington y Managua |
La subsecretaria para Latinoamérica del Departamento de Estado de EEUU, Julie Chung, tildó ayer al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de "dictador" e instó al resto de países del mundo a que lo traten como tal.
"La detención arbitraria del candidato presidencial Félix Maradiaga -el tercer líder opositor detenido en 10 días- confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal", dijo Chung en Twitter.
El político opositor y aspirante a la Presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido ayer bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos", según informaron las autoridades.
Maradiaga fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación.
El opositor se convirtió así en el tercer aspirante a la Presidencia de Nicaragua investigado y detenido a falta de cinco meses para que se celebran las elecciones generales, en las que el sandinista Daniel Ortega busca una nueva reelección.
Los otros dos son Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y Arturo Cruz, que fue embajador ante EEUU del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.
Además, la Fiscalía ha citado al también aspirante Sebastián Chamorro, sobrino de la exmandataria.
Tras la detención la semana pasada de Cristiana Chamorro, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, aseguró que el Gobierno de Ortega estaba avanzando "exactamente en la dirección opuesta".
"Cuando oigo a nuestros homólogos nicaragüenses hablar de todas las cosas positivas que el Gobierno ha hecho para el pueblo, dado todo eso, supondría que recibirían con agrado el juicio del pueblo en unas elecciones libres y justas. Aparentemente no es así", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.
"Creo que es la muestra de una falta total de confianza", añadió Blinken.
Acusaciones
La Policía Nacional detalló en un comunicado que Maradiaga "está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares".
Además se le acusa de "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización", añadió la policía.
Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Daniel Ortega.
Además de los cargos que le imputa la Policía, la Fiscalía investiga a Maradiaga por incumplir "gravemente" y "haber desvirtuado" los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con gobierno.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando "un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro".
Justificaciones
En tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución a los medios afines al gobierno, sin referirse a los casos penales contra los opositores, advirtió que "la justicia llega tarde, pero llega" tras mencionar que los avances de su gobierno fueron "violentados", en alusión a las protestas de 2018, por personas egoístas.
La también primera dama se quejó de que entraron recursos al país que "engordaron la cartera de unos cuantos que además se comprometían con matar cuanto hubiéramos hecho con lo que se han robado... Este montón de ladrones, no solo ladrones, sino también terroristas, criminales, cuánto hubiéramos avanzado contra la pobreza".
El político era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Ortega, de 75 años y que lleva 14 en el poder, encara sanciones de EEUU y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.
"No tengo nada que ocultar", dijo Maradiaga antes de su arresto, y negó que haya solicitado sanciones contra el país, pero sí contra "las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad" y violación de derechos humanos.
Además de la detención de tres precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha) el más antiguo del país.
