Asesinato a OConnor complica a Santos Ramírez
La viceministra anticorrupción, Nardy Suxo, y una comisión del Senado anunciaron que investigarán si el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, está implicado en el asesinato de Jorge O"Connor D"Arlach, empresario tarijeño que tenía contrato con YPFB para construir una planta de GLP en Santa Cruz, por $us 86,35 millones.
Este caso también ha salpicado al diputado Marco Antonio Córdova Santiváñez, porque los dos principales acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de O"Connor, al que le robaron $us 450 mil que llevaba consigo, son sus hermanos Fernando y Ernesto.
Ramírez dio a conocer a través de su encargado de comunicación que no haría ninguna declaración sobre el caso mientras no concluyan las investigaciones. En cambio el diputado de Podemos accedió a las consultas de la prensa y admitió el parentesco, pero dijo desconocer los actos que realizan sus familiares. Añadió que en la casa donde fue victimado O" Connor D"Arlach vivía uno de sus hermanos.
Aunque Córdova afirmó que "hace mucho tiempo" que no tiene contacto con sus hermanos, los vecinos del inmueble ubicado en la avenida Tejada Sorzano N° 601 dijeron que el vehículo del diputado, un convertible BMW plateado "casi siempre" está en la puerta del inmueble.
Córdova señaló que hasta el momento no fue convocado a declarar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que no estuvo en esas oficinas; pero en la Policía informaron que el miércoles el diputado estuvo en esas dependencias y que incluso se comunicó con dos de sus colegas parlamentarios a quienes les pidió ayuda.
Ayer, el director de la Felcc, Fernando Figueredo, afirmó que los hermanos Córdova Santiváñez fueron acusados por los hermanos Rufino R. C. (Papis) y Franz Michael R. C. (Ticoco), además de Verónica M. Q. como los autores intelectuales y de planificar el robo de los $us 450 mil.
Pero en horas de la tarde, cuando los acusados eran conducidos a las celdas policiales, Rufino aseguró que él no acusó a nadie y denunció maltrato policial en el momento de su detención. Verónica, al ser consultada sobre estos supuestos abusos, guardó silencio y salió rápidamente.
Los hermanos Córdova son propietarios de los locales nocturnos más conocidos de la ciudad de La Paz. La Policía aprehendió el miércoles a Ernesto Córdova junto a tres de sus supuestos cómplices -Santos Omar Z., Avelino Q. Ch. y Juan Marcelo Q.- en un local conocido como El Caballito que es de propiedad de los hermanos Córdova. En ese operativo se incautó un revólver calibre 22, tres mil bolivianos y la computadora personal de O"Connor D"Arlach.
El director de la Felcc explicó que se investigó también el movimiento de una persona en Cochabamba, que realizó un depósito de $us 38 mil en la cuenta que tenía en una entidad financiera. Los antecedentes y el movimiento financiero ocasionaron la sospecha y procedieron a la detención de Franz Michael R. Con la captura de esta persona se pudo aprehender en horas de la noche a su hermano Rufino R. C., que tenía $us 50 mil y estaba acompañado por Verónica M. Ayer los tres llegaron a la ciudad de La Paz vía aérea.
Todos los detenidos, según el reporte policial, tienen antecedentes delictivos. Rufino tiene un proceso pendiente por el atraco en octubre de 2006 a la remesa de la cervecería Taquiña.
Mientras Luis Fernando Córdova Santiváñez era internado en el hospital Arco Iris en la zona de Villa Fátima, ya que supuestamente lo secuestraron y golpearon para luego abandonarlo en la salida de La Paz hacia la región de Los Yungas.
Para la Policía el caso fue resuelto porque tiene a los autores materiales e intelectuales, salvo Ariel Paniagua, que según las autoridades está prófugo.
Pero al ser consultados sobre las acusaciones contra el presidente de YPFB con los delincuentes y la presunta "coima" que implica a la estatal petrolera, las autoridades policiales decidieron guardar silencio.
Figueredo afirmó que "el destino y el origen del dinero" tendrá que ser establecido en el juicio que se instaurará contra los ocho aprehendidos y que esa investigación será la responsable de establecer la veracidad de la denuncia.
Ramírez en la mira
Hay indicios que involucran a Ramírez en un presunto soborno. En la escena del crimen, el martes 27 por la mañana, dos personas dialogaban visiblemente nerviosas con los policías, que media hora después del asesinato de Jorge O"Connor, comenzaban las investigaciones del hecho. Se trataba de Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, en cuyo departamento iba a producirse una reunión, y Javier René Navia Doria Medina. Ambos son primos hermanos. El segundo es, además, hermano de Jiovana Cristina Navia Doria Medina, diputada suplente del MAS y flamante esposa del presidente interino Ramírez.
El inmueble signado con el número 601 de la avenida Tejada Sorzano es un edificio de tres pisos. En la planta baja funciona un taller de serigrafía y en la primera planta se encuentra el departamento de Aramayo, a quienes sus vecinos saludan como "doctor".
En ese lugar, los dos familiares políticos del titular de YPFB debieron reunirse con el fallecido, su hermano menor, Miguel O"Connor D"Arlach, además de Luis Fernando Córdova Santiváñez, empleado del occiso. Cuando la víctima y el dueño de casa se aprestaban a ingresar al edificio, cinco antisociales bajaron de una vagoneta Caldina verde y una motocicleta roja, empujaron a Aramayo contra la pared y lo mantuvieron aprisionado por la misma reja, en tanto que O"Connor fue introducido por la fuerza al zaguán.
Llevaba dos maletines, en los que tenía una computadora personal y $us 450 mil. Se los arrebataron antes de dispararle en el cuello. El tiro le causaría la muerte minutos después.
Los delincuentes huyeron en cuestión de segundos en los motorizados ya descritos. Se fueron a velocidad normal por la avenida Tejada Sorzano para tomar la calle Tcnl. Agustín Saavedra hacia la zona de Alto Miraflores.
Aramayo Doria Medina preside la Fundación Kantati, cuyas oficinas funcionan en la oficina 108, piso 10, del edificio Mariscal Ballivián.
Ayer, sus puertas estaban cerradas. Esta entidad, en la que también trabaja Navia, se dedica a canalizar recursos para construir viviendas de carácter social. En el lugar del crimen, Navia Doria Medina declaró que la reunión tenía la finalidad de "cerrar un proyecto" de la Fundación y Uniservice, de la que la familia O"Connor es propietaria.
El dinero salió con cheques
Los $us 450 mil que llevaba Jorge O"Connor D"Arlach en el momento en que fue asesinado, supuestamente los acababa de retirar de la cuenta de Uniservice SRL del Banco Unión. Así lo aseguró una fuente confiable que pidió que su nombre no sea revelado. Esta transacción se habría realizado a través de tres cheques, uno a nombre de O"Connor y dos girados a otras personas (se presume que fueron para sus acompañantes en el momento del atraco). Por el monto que implicaba el pago se habría realizado en la bóveda del banco por seguridad.
Dos semanas antes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través de Santos Ramírez, habría depositado $us 4,5 millones a la cuenta de O"Connor, como adelanto para la construcción de una planta de GLP en Río Grande, a 61 Km de Santa Cruz de la Sierra. Este depósito supuestamente se realizó en dos transferencias desde el fideicomiso de la estatal petrolera. El monto retirado por O"Connor corresponde al 10% de lo depositado y, según versiones de senadores opositores, iba destinado a pagar un soborno a Santos Ramírez, ya que el empresario fue asesinado afuera de la casa que alquilaba el cuñado de éste.
En julio del año pasado, el presidente Evo Morales fue el encargado de dar por iniciada la obra de la planta y anunció que los $us 86,35 millones que costaba el proyecto iban a ser financiados por el Tesoro General de la Nación.
Para ello, la empresa de O"Connor, Uniservice, hizo una sociedad accidental con Catler, una empresa con oficinas en Argentina, EEUU y Centro América, que se encargó de comprar la planta a una empresa estadounidense por $us 61 millones. Para ello fue necesario que YPFB abra una carta de crédito. Como el monto era muy elevado para ser cubierto por un banco nacional, la operación se realiza con uno de Alemania.
Ya se habría desembolsado unos $us 20 millones, poco más de 15 millones fueron a parar a la fabricante de la maquinaria, mientras que los 4,5 millones restantes se entregaron a Uniservice, ya que supuestamente Catler no pudo abrir una cuenta corriente en Bolivia porque no tiene personería jurídica.
El dinero entregado a Bolivia era manejado únicamente por O"Connor. Según el acta de una reunión aclaratoria entre YPFB y los interesados en el proyecto, celebrada el 5 de junio del año pasado, como representantes de Uniservice figuraban Mario Cossío y Julio Jorge Salazar.
Investigan en el Gobierno y el Parlamento
El Viceministerio de Transparencia y el Senado serán las instancias que investigarán las causas del atraco a Jorge O"Connor D"Arlach y las acusaciones que pesan contra Santos Ramírez.
Ayer, la viceministra Nardy Suxo dijo que solicitó información al Ministerio de Hacienda sobre el movimiento económico que se realizó. También le pidió a YPFB, para que mande copias de los contratos; a Fundempresa que brinde información sobre Catler Uniservice y a la Felcc que haga seguimiento, "puesto que habría indicios de corrupción". Mientras, el presidente del Senado, Óscar Ortiz informó que se conformó una comisión que coadyuvará el trabajo de los fiscales. Está compuesta por Antonio Peredo y Ricardo Díaz (MAS), Luis Vásquez (Podemos), José Villavicencio (UN) y Fernando Romero (MNR). Para el senador Walter Guiteras, Ramírez es sospechoso de estar cobrando soborno.
Había una denuncia contra Catler
En la Policía apareció una carta del 5 de enero de este año y como firma lleva la fotocopia una cédula de identidad. La misiva está dirigida al fiscal Jorge Gutiérrez y describe una supuesta adjudicación irregular de la construcción de una planta de GLP por $us 86 millones. Según la denuncia, Luis Fernando Córdova era el ‘gestor’ de la empresa Catler Uniservice SRL, que logró el contrato de instalación del complejo en julio del año pasado.
El documento afirma que el gestor del contrato fue el diputado Marco Antonio Córdova, porque facilitó el paso a su hermano ‘credenciales de funcionario de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y cartas de recomendación de autoridades (diputados y senadores, incluso del mismo Santos Ramírez).
Prosigue con una supuesta investigación de la empresa y sostiene que tendría sucursales en Argentina, Brasil y Santo Domingo. "Haciendo las averiguaciones y llamadas a estos lugares no conocen Catler Uniservice SRL ni mucho menos sus representantes Agustín Milano e Iván Fiorilo. En consecuencia este portal en Internet es falso", asegura la denuncia.
