LAS DEMANDAS POR FEDERALISMO EN COCHABAMBA
La memoria histórica se resiste a recordar a Cochabamba como una región productora de discursos federalistas y/o descentralistas. Este es un lugar y privilegio que se ha atorgado a Santa Cruz, cuyo pasado parecería estar cargado de voces que tempranamente, desde el siglo XIX demandaron una reconfiguración territorial del poder”, señala el historiador Gustavo Rodríguez Ostria (“Apuntes para una historia de las demandas por federalismo y descentralización en Cochabamba, 1871-1983).
A diferencia de Santa Cruz, donde su historiografía resalta las luchas protagonizadas por Andrés Ibáñez (1876 y 1877) y otras figuras; en Cochabamba se ha obviado el largo proceso, más de medio siglo de trayectoria, por dotarse de un régimen distinto al Estado Central, capaz de administrar sus recursos y diseñar sus propias políticas de desarrollo.
Los antecedentes de las ideas autonomistas, según algunos historiadores, se remontan, aunque tímidamente expuestas, a comienzos de la lucha por la independencia como una corriente política que condenaba las cargas económicas. Esteban Arze recogió el anhelo autonomista que cobraba raíces en el Alto Perú, respaldando la instalación de un gobierno en Cochabamba y discrepó con el mando único de Buenos Aires.
Augusto Guzmán en su libro “Historia de Bolivia” escribe que los “altoperuanos cogidos entre el despotismo de Lima y la decepción ante la ineficacia de Buenos Aires, descartan definitivamente la idea la pertenecer a cualquiera de estas naciones”.
La Asamblea de 1871
En el análisis de Rodríguez Ostria, la República de Bolivia no nació como un Estado centralizado ni con capacidad de imponer orden en todo su territorio, pese a su formulismo unitario aprobado en la Asamblea Constituyente de 1826, donde se reprodujo el modelo de organización territorial de origen francés; por el contrario, se abrió un largo periodo de indefinición y de pugna entre facciones regionales, que se alternaban sucesivamente en el poder gracias a efímeras alianzas con segmentos militares y caudillos locales.
Así, en 1864, cuando asumió el poder el cochabambino Mariano Melgarejo (Tarata), la brutalidad y envilecimiento del melgarejismo ocasionó una tácita coalición entre campesinos aimaras, artesanos y elites urbanas que lo derrocó en enero de 1871. La traumática experiencia del sexenio gestó una línea divisoria en la conducta de los sectores dominantes que se lanzaron a la búsqueda de fórmulas que pacificaran al país y pusieran fin a los desbordes caudillistas.
En este contexto y la adopción de la Constitución de 1880, se hicieron sentir las voces federalistas cochabambinas, que a diferencia de las cruceñas –que fue más doctrinal–, esbozaron planteamientos concretos.
La ocasión propicia fue la Asamblea Constituyente reunida en Sucre desde junio a octubre de 1871. En ella, el diputado cochabambino Lucas Mendoza de la Tapia, propuso, a nombre de la representación de Cochabamba, la transformación de Bolivia de un Estado unitario en otro de carácter federalista, pues: “El gran secreto de la Federación consiste en dividir el gobierno del país entre el gobierno general de la nación y los gobiernos particulares de los Estados o departamentos; encargando a aquél la gestión de las relaciones y de intereses generales y reservando a éstos la gestión y las relaciones y de los intereses particulares de cada Estado”.
La bancada de Cochabamba estaba compuesta en su mayoría por doctrinarios federalistas, entre ellos el periodista Eliodoro Villazón, el canónigo Jacinto Anaya, el caudillo quillacolleño Martín Lanza y el escritor Nataniel Aguirre, para propagandizar su doctrina publicaban su periódico “El Federalista”.
A sus ojos el unitarismo era la encarnación viva, en palabras de Mendoza de La Tapia, de “la corrupción institucional y el origen de las tiranías, como de las revoluciones”.
La relación entre las distintas elites regionales se produciría mediante la construcción de un poder legislativo bicamaral, una de representantes, elegidos directamente par “el pueblo de los diversos estados” y otra de senadores, elegidos “por la legislatura de cada Estado”, según la propuesta de Mendoza de La Tapia, portavoz de los federalistas cochabambinos.
Sectores unitarios reaccionaron ante la propuesta, argumentaron que el federalismo desataría fuerzas centrípetas separatistas y “celos localistas” terminando por disgregar la ya frágil estructura estatal.
La propuesta cochabambina, luego de un arduo debate, fue desechada por 32 votos contra 20. No obstante, en el debate parlamentario y nacional, no dejó de surtir efectos, aunque dio un giro hacia la opción municipalista, el Municipio fue repuesto en 1839, para ser suprimidos reiteradamente, carentes de recursos para funcionar, asimismo, de institucionalidad.
En 1872, Nataniel Aguirre y Eliodoro Villazón promovieron que el parlamento apruebe una normativa para dar curso a la “Descentralización Rentística”. Esta fue aprobada y quedó promulgada el 21 de noviembre de 1872. Fue la primera vez en la historia republicana, que se otorgaron recursos propios para los municipios y se deslindaron las rentas entre nacionales, departamentales y municipales. A partir de entonces, y hasta las primeras décadas del siglo XX, descentralización equivaldría en Bolivia a municipio fuerte y autónomo.
LAS DEMANDAS POR FEDERALISMO EN COCHABAMBA
La Revolución de 1899
La Asamblea Constituyente de 1871, y la presencia cochabambina en ella, marcaron un hito significativo, pero no resolvió la demanda por un modelo estatal más equilibrado y con mayor participación regional. En la sucesiva y agitada vida pública, entre de fines de siglo XIX y principios del XX, la conflictiva relación entre unitarios y federales, esta vez organizados en los partidos conservador y liberal, respectivamente, dominó el escenario político.
Esta pugna alcanzó en Cochabamba matices intensos. Los liberales, con el apoyo de los intelectuales, la juventud y amplias capas de artesanos mestizos pusieron en jaque a los conservadores hasta intentar, en 1899, romper por la fuerza su hegemonía. Los constitucionales y centralistas amenazaron con retomar la ciudad y la sitiaron a principios de abril de 1899, pero tuvieron que retirarse precipitadamente para dar apoyo a sus fuerzas que combatían cerca de Oruro.
La mayoría de los estudios coinciden que la guerra civil de 1899, conocida como la “Revolución Federal”, constituye una línea divisoria entre los patrones coloniales de ocupación del territorio –reproducidos durante la república– y los que empezaran a gestarse bajo la égida norteña-paceña que arrebató el liderazgo y la sede del gobierno de la República a Chuquisaca.
Los paceños lograron finalmente imponerse a los sucrenses, ocuparon el poder validados por su triunfo en las elecciones de 1900 y pese a que se habían levantado bajo la bandera del federalismo, su triunfo no se tradujo en la adopción de esta forma de organización estatal.
La Convención Nacional de 1900, compuesta exclusivamente por militantes liberales (los conservadores se negaron a participar), decidió por la simple mayoría de votos mantener la Constitución unitaria de 1880, que reproducía los marcos estatales de 1825.
La parte mayoritaria de la delegación cochabambina, a la cabeza de Nataniel Aguirre votó por la adopción del federalismo, reafirmando el compromiso adquirido en 1871, todo esto según los datos de Rodríguez Ostria.
LAS DEMANDAS POR FEDERALISMO EN COCHABAMBA
Nuevas propuestas
Según el mismo historiador, en Cochabamba, los conflictos entre los liberales/unitarios y los liberales/federales, dirigidos por Ismael Vázquez y Martín Lanza, continuaron hasta 1905. La propuesta federalista pareció opacarse gradualmente en la región, hasta 1925, cuando el partido liberal cochabambino aprobó por unanimidad un manifiesto federalista redactado por Ismael Vázquez, exvicepresidente de la República en ese entonces.
El manifiesto que retomaba los postulados enunciados por Lucas Mendoza de La Tapia, no alcanzó, sin embargo, una aceptación significativa. Los Republicanos Genuinos retrucaron casi de inmediato negando la validez y oportunidad del federalismo, asumiendo como propio el proyecto de descentralización administrativa que había presentado en 1921 al Parlamento Nacional el senador cochabambino Daniel Salamanca.
Salamanca, en 1921, intentaba conciliar la antigua aspiración de la unidad nacional, bandera de lucha del Partido Conservador, con las necesidades de las élites regionales para administrar sus intereses, sin depender de la benevolencia del poder central. En el documento presentado a la legislatura, postulaba la organización de tres esferas de poder: local (municipal) regional (departamental) y nacional.
En 1930, los sectores conservadores de la élite cochabambina fundaron el Comité Pro-Cochabamba, constituyendo el primer organismo de esa naturaleza en el país, aunque se trataba más de un cónclave de personalidades que apoyaban las demandas por descentralización en Bolivia en general y en Cochabamba.
El 11 de enero de 1931, la propuesta de descentralización de Salamanca es sometida a un referendo nacional y aprobada. Pero dos años después, el propio Salamanca la veto por los peligros que acechaban la unidad nacional por el preludio de la guerra con Paraguay y los sentimientos federalistas se fueron apagando.
"Para nosotros, la federación es la paz, la libertad, el progreso económico y moral (…). El sistema unitario es esencialmente autoritario, y como tal, absorbente, despótico, estacionario y violento”.
