Gobierno: Zapata no dañó al Estado
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, afirmó que la exnovia del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata Montaño, no ocasionó daño económico alguno al Estado porque no se beneficio con recursos de ninguna entidad pública y que forzó a personas particulares para obtener dinero.
“La señora Gabriela Zapata concluyo, acumuló recursos económicos a través de actividades ilícitas, éstas se traducen en haber obtenido o haber forzado a personas particulares, empresarios privados para hacerles creer que ella tenía influencias en el Gobierno nacional. En realidad acá la señora Zapata no ha sacado nada de ninguna entidad pública, por eso estamos seguros que no ha habido un daño económico al Estado, pero ella si ha obtenido recursos económicos de personas naturales, personas particulares”, afirmó Valdivia.
De esta manera, la titular de Transparencia da la razón al Ministerio Público sobre el sobreseimiento planteado el 15 de julio pasado ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de El Alto, para liberar a Zapata Montaño de los supuestos delitos de ‘enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias en grado de complicidad, además de falsedad material y ejercicio indebido de la profesión’.
La autoridad sostuvo que el tema del ‘sobreseimiento’ se ha mediatizado y se perdió de vista un punto importante, la acusación por ‘legitimación de ganancias ilícitas’ que conlleva una sanción más drástica en relación a enriquecimiento ilícito, que en su oportunidad el Fiscal General aseguró que se iba a pedir se aplique una pena máxima de 12 años de privación de libertad para Zapata.
Sin embargo, con esta nueva afirmación, el caso que estalló por un supuesto uso indebido de influencias no involucra a ninguna autoridad del Estado y sólo se toca a la exdirectora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, Cristina Choque y otro funcionario por haber permitido a Zapata utilizar oficinas públicas para reuniones de carácter privado.
En el requerimiento acusatorio, se manifiesta que dentro del proceso investigativo, Gabriela Zapata habría incurrido en los delitos de ‘asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos. Todo esto ‘en el entendido que ella (Zapata) gestionaba contratos a favor de terceras personas simulando apariencia forjada y que el accionar desplegado por la encausada demostraba una figura de influencia y supuesta representación que se vio fortalecida por el vínculo de amistad que tenía con la Jefa de Gestión Social, en ese entonces Cristina Choque, desde 2011 hasta 2015.
