Envían a la cárcel a implicado en caso Dircabi
El Ministerio Público informó ayer que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para José Manuel Coraso Ovando, por delitos de corrupción en la investigación del denominado caso Dircabi en Santa Cruz.
La información fue proporcionada por el fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea Melgar, quien mencionó que la audiencia se desarrolló en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz.
“En la audiencia, el Ministerio Público fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales, como el peligro de fuga y obstaculización de la investigación, lo que fue valorado por la autoridad jurisdiccional que dispuso enviar a Coraso al penal de Palmasola”, manifestó Larrea.
La comisión de fiscales, dirigida por Olvis Eguez Oliva, señaló que Corazo fue imputado por la presunta comisión de los delitos de Asociación Delictuosa y Receptación Provenientes de Delitos de Corrupción en el marco de la investigación del caso denominado “Dircabi tres camiones”.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, esta persona se hizo pasar como funcionario de Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), trasladándose hasta el municipio de San Ignacio de Velasco a suscribir actas de devolución de los tres vehículos, procediendo luego con la venta y desmantelación de esos motorizados.
En lo que va de la investigación, fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola Luis Fernando Sainz Camacho (exdirector Departamental de Dircabi) y Luis Ernesto Mazzone Maiser (abogado particular del exdirector).
“El Ministerio Público, en su labor de defensa de los intereses generales de la sociedad, mantiene una lucha frontal contra la corrupción y en el presente caso viene realizando una investigación con objetividad para esclarecer los hechos acaecidos en Dircabi”, finalizó Larrea.
En tanto, el Ministerio de Gobierno continúa con el corte administrativo para llevar adelante una auditoría en todas las oficinas de Dircabi del país, considerando que existen indicios de posibles actos de corrupción en la anotación de bienes inmuebles, motorizados y dineros que debían ser resguardados en la institución del Estado.
