Urgente auditoría del Padrón Electoral
Por primera vez, desde hace 10 años, no hay procesos electorales a la vista, circunstancia óptima para que el OEP, libre de presiones coyunturales, se consolide como un Órgano del Estado independiente y proceda a la auditoría del Padrón Electoral
Durante los últimos 10 años, Bolivia ha sido escenario de una verdadera carrera electoralista. Desde 2005 hasta febrero último, se han realizado 14 procesos electorales en el ámbito nacional, departamental y local, además de referendos con diversos motivos. La cantidad de veces que el pueblo boliviano ha sido convocado a expresar su opinión a través de las urnas llega a un promedio que se aproxima a 1,5 veces por año.
Si tan intensa actividad electoral puede ser vista como una muestra de la vocación participativa del pueblo boliviano, o simplemente como un abuso de la formalidad democrática, es algo que puede ser objeto de controversias y seguramente habrá abundantes argumentos en favor y en contra de ambas maneras de interpretar tan intensa relación con las urnas.
Sin embargo, más allá de los aspectos cuantitativos de ese ejercicio de participación ciudadana en los asuntos públicos, hay algo que tienen en común los 14 actos electorales a los que nos referimos. Es que sobre todos ellos ha quedado pendiente una sombra de duda porque el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no ha logrado durante todo este tiempo inspirar la confianza necesaria acerca de su independencia, imparcialidad, transparencia de sus actos e idoneidad ética y profesional de sus miembros.
Lejos de ello, la imagen que proyecta el OEP no es la que corresponde a un Órgano del Estado cuya jerarquía constitucional es equivalente a la de los otros órganos estatales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino a la de una más de las muchas reparticiones de algún ministerio del gobierno central. Imagen penosa, pero no inmerecida, porque son demasiadas las oportunidades en las que el OEP –o por lo menos muchos de sus miembros– ha dado muestras de una inadmisible sumisión a los designios de las fuerzas gubernamentales.
Sin embargo, y a pesar de lo cierto que es el descrédito del OEP, no es menos cierto que también ha habido con la última renovación de sus miembros motivos para mantener viva la confianza en la solidez de ése que es uno de los más importantes pilares sobre los que se sostiene el sistema democrático de nuestro país. No en vano, ya en 1991, se sentaron las bases de una institucionalidad electoral que si se mantiene firme 25 años después no es por la falta de esmero con que fue atacada sino porque es reflejo de una voluntad colectiva que ha sido capaz de poner coto a cualquier intento de menoscabarla.
A pesar de ello, la institucionalidad democrática no puede seguir librada al azar de las circunstancias o a la mayor o menor entereza ética de quienes integran el OEP. Hace falta, con carácter de máxima urgencia, restablecer las condiciones objetivas sobre las que se asienta la confiabilidad de las instituciones, independientemente de quiénes las conforman. En el caso del Órgano Electoral, la principal de las condiciones a las que nos referimos es la transparencia del Padrón Electoral. Y, desgraciadamente, ya son muchos los años durante los que una y otra vez se posterga la auditoría y depuración del mismo.
Por eso, y aprovechando que por primera vez desde hace 10 años no hay procesos electorales a la vista, lo que libera al OEP de las presiones coyunturales, estamos ante las mejores circunstancias para encarar tan importante tarea.
