Por los despreciados del poder

Los despreciados del poder primero fueron los marchistas del Tipnis, a quienes se les permitió que marcharan de Cochabamba a la sede de gobierno en busca de diálogo para detener la construcción de una carretera que pasaba por medio de su territorio, considerado como Territorio  Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. El Gobierno puso “oídos sordos” y ninguna gana de atender ese pedido clamoroso de diálogo.

Después fueron los potosinos que tenían una demanda de 21 puntos, entre los más importantes la construcción de un aeropuerto y la construcción de una fábrica de cemento. Marcharon igual hacia la ciudad de La Paz en busca de diálogo y atención a sus demandas. Ninguna respuesta de diálogo, el Gobierno reprimió todo intento de protesta de los potosinos que confiaron en la palabra del Presidente, palabra empeñada, palabra incumplida.

Ahora se trata de los marchistas discapacitados que partieron de Cochabamba con la demanda de pago de un bono de 500 Bs, por mes por discapacitado además de diálogo con el presidente Evo Morales. Respuesta, otra vez oídos sordos y un condicionamiento de conceder diálogo, pero ni tocar sobre en el bono solicitado porque el país no está en condiciones de atender esa demanda, pero además de represión y violencia, de usar gases químicos para disuadir la protesta (sólo una pequeño rocío) de un promedio de 500 discapacitados que exigen del Gobierno sólo atención a su petición.

Inaceptable la actitud del Gobierno de ordenar el cierre de las cuatro calles principales de acceso a la plaza Murillo con rejas de fierro donde se ubica la sede de la administración gubernamental, según dice el ministro de Gobierno Carlos Romero, para preservar la seguridad de los policías que podrían sufrir agresión de parte de los discapacitados, argumento que provoca risa y resta credibilidad de un Gobierno que sigue perdiendo popularidad por mérito propio, por acciones como ésta que crean repulsa y rechazo de la opinión pública.

Si el Ministro de Economía no dispone de recursos económicos para atender la petición de los discapacitados, sería prudente implementar un plan de austeridad en los gastos del erario nacional, austeridad que pasa por restringir los viajes del Presidente a la inauguración de obras en tres a cuatro lugares diferentes en el mismo día, consecuencia en los gastos en gasolina para avión o helicóptero, pago de viáticos, traslado de jugadores para que el Presidente pueda darse el lujo de jugar fútbol.

Ya que tanto les gusta comparar con el pasado, ninguno de los presidentes a los que llama neoliberales, hacían tanto viaje para inaugurar obras desplazando a los alcaldes, quienes tienen la función de asumir esa responsabilidad porque tienen tuición de la región que administran, el Presidente debería estar en la Palacio de Gobierno, su espacio laboral desde donde administra y responde a las necesidades que surgen de todos los sectores de la ciudadanía. Viajar y jugar fútbol no es la mejor opción para el país, porque implica un gasto adicional para el Gobierno, que bien podría servir para responder a demandas, como la de los discapacitados que son despreciados del poder, reprimidos, ultrajados y mal tratados en un país en el que se habla de inclusión social, pero que sólo se queda en el intento.

El Presidente y sus ministros aún están a tiempo de cambiar de actitud, de mostrar sensibilidad y apertura para dialogar y negociar con los dirigentes que representan al sector, por el bien de la democracia y por la vigencia de la Constitución Política del Estado Plurinacional y la vigencia de los derechos humanos, que amparan y protegen para que los discapacitados y los ciudadanos bolivianos en general, reciban la atención a sus demandas sin exclusiones ni preferencia de ninguna naturaleza.

El autor es periodista y docente universitario.