La re re re-presalia

Imagínese, estimado lector, que el cajero de un banco detectara un billete falso entre los que usted está depositando. Acto seguido llegan los fiscales, lo detienen, le clausuran sus cuentas, le confiscan sus bienes, lo aprenden y lo meten a la cárcel bajo la acusación de falsario. Lo lógico sería investigar y apresar a quién falsificó el dinero, ¿no cree usted? Alguien dirá que eso no sucede en la vida real … a menos que usted tenga algo que ver con el “zapatazo”.

Siguiendo con el ejemplo, si cambiamos “billete” por “libreta de servicio militar” tenemos el kafkiano caso del (¿ex?) abogado Eduardo León, que ha despertado la indignación de la ciudadanía por el tipo de  acusaciones y la manipulación, aún más vergonzosa,  de “respetables instituciones del Estado” (es un decir) como la Fiscalía, la Justicia y la Policía. Considero que éstas son acciones desesperadas y nefastas de un régimen enfermo, que cuenta con la complicidad de otrora destacados miembros de universidades, de la prensa y del órgano judicial, que se verán condenados a cargar en el futuro con las consecuencias éticas y penales de esos actos.

En primer lugar, como en el caso del banco, presentar un billete o documento falso no quiere decir que uno lo haya falsificado o que no lo haya obtenido “en buena fe”. La misma “buena fe” que ministros y asambleístas otorgan sin parpadear al Presidente del Estado por el reconocimiento ante el Registro Civil de un hijo que dizque nunca tuvo. Si estamos obligados a presumir que a don Evo “lo engañaron”, ¿por qué no presumir, por las mismas razones, que a don Eduardo León lo engañaron unos farsantes con uniforme? Los que anotan “por comedidos” títulos  en documentos oficiales  bien podrían falsear otros datos. Sólo investigando se puede llegar a la verdad.

En segundo lugar, sorprende la decisión adoptada por los Ministerios de Justicia y de Educación de anular el registro profesional y el título en provisión nacional, respectivamente, del Licenciado Eduardo León. Escribo expresamente “Licenciado” porque ése es un “grado académico” que otorgan las universidades a la conclusión de los estudios y que nadie puede quitar o anular, a no ser como resultado de un proceso académico.

Es curioso que entre los requisitos para obtener el registro, enumerados en la página web del Ministerio de Justicia, no esté la libreta militar. Asimismo, los requisitos para otorgar el Título en Provisión Nacional, detallados en el portal del Ministerio de Educación, tampoco señalan la libreta de marras.

No excluyo que en otros trámites universitarios se exija ese imprescindible requisito para ejercer la abogacía que es una libreta militar obtenida o comprada “legalmente”. En su caso, esa falta ameritaría una auditoría académica. Sin embargo, cuando los re-quisitos se vuelven re-presalias por parte de los que están obsesionados por la “re re re”, la ciudadanía empieza a inquietarse.

La anulación arbitraria y abusiva del registro y título del abogado León lleva el claro sesgo de una acción dirigida a un solo ciudadano, a un solo graduado de una universidad hoy extinta y a una sola universidad entre todas las privadas. Y eso sin considerar todas las consecuencias retroactivas de los actos realizados por los presuntos “usurpadores de funciones”.

Me pregunto si en su celo legalista el Ministerio de Educación, que omitió revisar cabalmente el expediente del Lic. León, revisará los expedientes de todos los títulos que otorgó “alegremente”, incluyendo la legalidad de las libretas militares. Y, por analogía y ética, ¿las universidades públicas harán lo propio con sus titulados y con los docentes que ingresaron de manera anecdótica y antirreglamentaria a la cátedra?

El autor es físico y analista.