El déficit estadounidense

CAMBRIDGE – Dos noticias sobre el presupuesto se constituyen en un triste recordatorio del peligroso estado en que se encuentra la política fiscal en Estados Unidos. La Oficina de Administración y Presupuesto del presidente Barack Obama anunció que el déficit del Gobierno federal de este año fiscal se situará cerca de los $600 millones de dólares, un aumento de $162 millones de la cifra del año 2015, es decir, un incremento de más del 35%. Además, el documento de Perspectiva Presupuestaria a Largo Plazo para el año que prepara la Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) proyecta que, si no hay cambios en la política fiscal, la deuda del Gobierno federal aumentará del 75 al 86% del PIB en una década, y posteriormente, a un nivel récord histórico del 141% hasta el año 2046, acercándose a los niveles que se registran en Italia, Portugal y Grecia.

A pesar de que el ratio deuda-PIB de Estados Unidos se duplicó en la última década, el gobierno de Obama y el Congreso ignoraron el problema, centrándose en cambio en la caída del déficit anual desde el año 2012 y la relativa estabilidad del déficit como porcentaje del PIB. Ese progreso temporal refleja la recuperación económica y los votos en el Congreso a favor de limitar el gasto en programas militares y programas discrecionales no militares.

Pero, el aumento a largo plazo de los déficits anuales –debido al envejecimiento de la población, el cambio de la tecnología médica, y el aumento de las tasas de interés– y el consiguiente aumento del ratio deuda-PIB fueron inevitables (y fueron claramente proyectados por la OBC y otras oficinas). El mayor número de personas estadounidenses de edad avanzada que son elegibles para recibir beneficios del Seguro Social impulsará los costos del programa desde el 4,9% del PIB este año al 6,3% del PIB durante los próximos 30 años. La mitad del aumento en el costo de los principales programas federales de atención de la salud, desde el 5,5% del PIB ahora al 8,9% en el año 2046, ocurrirá como resultado del incremento en la cantidad de beneficiarios de edad avanzada, y la otra mitad se deberá al costo adicional, impulsado por motivos tecnológicos, de brindar tratamiento a dichas personas.

La política monetaria no convencional de la Reserva Federal ha hecho bajar el costo de los intereses netos sobre la deuda federal a sólo 1,4% del PIB, a pesar del incremento en el volumen de la deuda. Pero a medida que las tasas de interés se normalicen y el volumen de la deuda crezca, se prevé que el costo del servicio de los intereses sobre la deuda nacional aumente a 5,8% del PIB.

Ese costo proyectado de los intereses podría llegar a ser mucho menor de lo que en realidad sería si el resto del pronóstico del déficit y de la deuda resultaran ser correctos. Si se tiene una deuda federal de 141% del PIB, ese costo de intereses en un nivel de 5,8% del PIB implica una tasa de interés nominal promedio de sólo el 4% y, teniendo en cuenta la proyección de inflación de la CBO, se alcanzaría una tasa de interés real de alrededor del 2% – similar a las tasas históricas cuando el ratio de deuda era inferior al 40% del PIB. Pero los inversores en bonos del Tesoro podrían exigir una tasa de interés mucho más alta a cambio de incluir en sus portafolios títulos de deuda del Gobierno de Estados Unidos. En ese caso, el costo de los intereses y la deuda serían mucho mayores.

El hecho de que más de la mitad de la deuda del Gobierno estadounidense que se cotiza en bolsa está ahora en poder de inversores extranjeros podría hacer que la tasa de interés sea aún más sensible con relación al tamaño relativo de la deuda. Los inversores extranjeros podrían temer que el Gobierno adopte políticas que reduzcan el valor real de los títulos valor que dichos inversores mantienen en su poder. Si bien el Gobierno de Estados Unidos nunca entraría en moratoria de forma explícita, podría adoptar políticas tales como la deducción de impuestos sobre la renta con relación a los pagos de intereses, lo que pondría en desventaja a los titulares extranjeros de su deuda y disminuiría el valor de los bonos. Además, los inversores extranjeros podrían temer que niveles muy altos de deuda podrían conducir a una política monetaria inflacionaria, que depreciaría el valor del dólar y bajaría el valor real de sus bonos.

Aquí se encuentra una implicación sorprendente e inquietante relativa a los pronósticos de la CBO. Hasta el año 2046, los desembolsos proyectados para los programas de ayuda social “obligatorios” (Seguridad Social y los principales programas de salud), más los intereses sobre la deuda, absorberían fondos en niveles que superarían todos los ingresos que el Gobierno recaudaría con las tasas de impuestos actuales. Un déficit pequeño (1,6% del PIB) surgiría incluso antes de que se gaste en programas militares y otros  programas “discrecionales” que asignan fondos anualmente.

No hay manera de compensar el crecimiento de los programas obligatorios al ralentizar el crecimiento de los gastos militares y otros gastos discrecionales. El gasto militar total en la actualidad es sólo un 3,2% del PIB y se espera que disminuya a un 2,6% en el transcurso de los próximos 10 diez años y permanezca en ese nivel durante los próximos 20 años. Ése sería el porcentaje más bajo de gastos militares como porcentaje del PIB desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Se proyecta la misma reducción para todos los programas discrecionales no militares, que también alcanzarían un nivel mínimo histórico como porcentaje del PIB.

El punto positivo en este cuadro triste es que no tomaría mucho en términos de reducciones del déficit anual evitar el aumento del ratio de deuda, o incluso hacer que dicho ratio regrese al nivel donde estaba hace una década. Reducir el déficit anual en un 1,7% del PIB mediante cualquier combinación de reducción de gastos e ingresos más altos evitaría, si se inicia en el año 2017, un aumento del actual ratio deuda-PIB del 75%. Y, reducir el déficit en un 3% al año revertiría la trayectoria de la deuda y la traería de regreso al nivel donde estaba en las décadas anteriores a la recesión.

Ninguno de los candidatos presidenciales ha indicado ya sea un plan o una inclinación para revertir el aumento previsto de la deuda nacional. Sin embargo, ésta debe ser una prioridad principal para quien vaya a ser el nuevo inquilino de la Casa Blanca el próximo año. Dada la necesidad de actuar con rapidez con el propósito de evitar el peor de los escenarios, no existe excusa para esperar.

El autor es profesor de Economía en la Universidad de Harvard y presidente emérito de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, presidió el Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan entre 1982 y 1984.

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