La salud en Bolivia, un tema pendiente

Una experiencia personal me impulsa a reflexionar sobre este tema. En vísperas de recibir el Año Nuevo, tuvimos que apersonarnos a la Asistencia Pública, un familiar mío, como muchos otros sin seguro de salud, necesitaba una atención de emergencia. Llegamos y el diagnóstico fue “trombosis venosa profunda”, menos mal que existe la Ley Nº 475 de prestaciones de salud que brinda atención gratuita a los adultos mayores y fue derivado al hospital de tercer nivel “Hospital del Tórax”.

Llegamos a emergencias y pasivamente las enfermeras dijeron que debemos esperar al médico de turno, quien al llegar dijo que lamentablemente no había especialistas y debíamos esperar hasta el martes 3 de enero, además que se requiere una ecografía que no cubre el seguro y sólo se hace en el Hospital Arcoíris.

Nos dirigimos a ese hospital y tampoco se encontraba la persona que hace esa ecografía, y no quisieron recibir al paciente por falta de especialista, recomendando recurrir al Hospital General a Emergencias. Llegamos a ese lugar, y pese a haber esperado mucho tiempo, nos dijeron que no podían ayudarnos que estaban ocupados y que no había especialistas, que si la derivación decía Hospital del Tórax, solamente en ese lugar debían atendernos.

En nuestra desesperación recurrimos a clínicas privadas, empezamos por el Hospital Metodista, donde solamente había una persona atendiendo y tuvimos que esperar en vano más de media hora que ésta cuente el pago de más de Bs 14.000 por un paciente fallecido. Nuestra esperanza fue la Clínica del Sur, cuya única diferencia fue el buen trato, pero no había ningún especialista y no podían recibirlo.

Después de haber buscado todo el día logramos conversar por teléfono con un médico amigo, quien nos alertó del peligro de esa patología: “si llega a los pulmones le puede dar un paro que puede ocasionar la muerte”, recomendó que lo mediquen hasta el martes para evitar ese riesgo. Desesperados volvimos al Hospital Arcoíris sin suerte, también al “Tórax” donde nos negaron el apoyo, a lo cual les advertimos que si algo pasara sería su responsabilidad, y se limitaron a decirnos que vendemos la pierna y ¡¡¡llevemos al paciente cuando no pueda respirar!!!.

Tuvimos que implorar a otro amigo médico para que sea recibido al día siguiente en un hospital privado; se confirmó el diagnóstico y se pudo tratar a tiempo, lo único cuestionable son los altos costos, “cobran hasta de lo que uno respira y ni qué decir de los sobreprecios en los medicamentos”, menos mal que pudimos pagar, sin embargo, ¿qué de aquella gente que no tiene recursos? ¿Tiene que morir?

Todo esto me lleva a reflexionar sobre el rol Colegio Médico de La Paz, cuya creación data de 1971, que pregona tener la misión de promover la excelencia en el ejercicio médico, especialmente su desarrollo profesional, laboral, familiar, ético y social. ¿Qué hace esta institución para que existan especialistas acordes a las patologías características del departamento, acaso en una ciudad de altura no deberían haber varios médicos cardiovasculares?

Nuestra Carta Magna sostiene que el derecho a la salud se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, y que la gestión del sistema de salud es una competencia concurrente entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas, correspondiendo al primero la política nacional, las normas que regulan el funcionamiento del sector salud y el financiamiento de salarios y beneficios del personal dependiente del Sistema Único de Salud, a los Gobiernos Departamentales la administración  de los establecimientos de Tercer Nivel y la responsabilidad de proveer la infraestructura sanitaria, mantenimiento, provisión de servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, y a los Gobiernos Municipales las mismas responsabilidades pero de los hospitales de primer y segundo nivel.

De acuerdo a los datos del Presupuesto General del Estado 2017, la asignación de recursos públicos al sector salud asciende a Bs 18.304 millones, monto equivalente al 6,8 por ciento del PIB proyectado, dato que no dista mucho de la asignación de nuestros países vecinos como Chile y Brasil, cuyas cifras de acuerdo a datos del Banco Mundial (2014) ascienden a 7,8 y 8,3 por ciento respectivamente.

Según datos del INE, si consideramos la población beneficiaria de la atención gratuita de salud (niños de 0 a cinco años y adultos mayores de 60 años) estamos hablando de una población aproximada de 2.421.922, cuyo gasto en salud percápita equivaldría a Bs 7.557, cifra que no parece tan baja; sin embargo, este cálculo es muy simple, corresponde hacer una evaluación profunda sobre el cumplimiento de responsabilidades de todos los niveles de gobierno.

Sólo por mencionar un par de datos, los medicamentos y suministros de toda esta atención es financiada con el 15,5 por ciento de los recursos de Coparticipación Tributaria de los Gobiernos Municipales: a noviembre de 2016 de un presupuesto de Bs 1.365 millones ejecutaron Bs 893 millones y de acuerdo a los datos del Sistema Informático de Control Financiero de Salud (Sicofs) al 31 de julio de 2016, los saldos en las cuentas de salud de dichas entidades superan los Bs 1.400 millones.

Muchos de los problemas pueden resolverse con una mejor gestión del sistema de salud, tal vez sea necesario reordenar las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno, aspecto que podría ser encarado en el proceso del Pacto Fiscal; no menos importante es el papel de los colegios médicos cuya participación y compromiso pueden promover importantes cambios.

La autora es economista.