Atentado a la vida

Más de 50 días de paro médico. El parágrafo II del artículo 38 de la Carta Magna establece que los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida; si esto es así, ¿por qué se permite a los galenos afectar el normal funcionamiento de los establecimientos de salud y atentar contra la vida de las y los bolivianos?

En marzo del presente año, se dio inicio a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS), en cumplimiento de un mandato constitucional que data de  2009; sin duda es una medida muy compleja y que tendrá un alto costo para el Estado en todos sus niveles de gobierno. Pero lo que extraña sobremanera es que el personal médico aproveche esta medida para exigir ingresar al ámbito de la Ley General de Trabajo, a sabiendas de que sólo trabajan seis horas por día bajo un régimen especial, por el cual gozan de un escalafón al que acceden con la categorización. ¿O será que la universalidad y gratuidad del servicio de salud afecta sus intereses personales?, sin duda hay mucha tela que cortar.

Otra de sus demandas es la abrogación de la Ley N° 1189 que dispone que la Caja Nacional de Salud (CNS) priorizará la construcción de infraestructura hospitalaria (2 de segundo nivel, 2 de tercer nivel, 1 centro de enfermedades cardíacas y renales, 3 oncológicos, 2 institutos de investigación de seguridad social y slud ocupacional (Iisso) y 57 establecimientos de salud de primer nivel de atención), en favor de los asegurados y sus beneficiarios.

No hay racionalidad en estas demandas. Todos los que estamos o algún día estuvimos asegurados a la CNS sabemos de sus enormes problemas de gestión que provocan una pésima atención, no queda duda de que no es un problema de recursos, ya que a agosto de 2019 sus saldos acumulados en cuentas fiscales ascienden a Bs 6.573 millones. 

Toda esta problemática me impulsó a revisar las propuestas en salud contenidas en los programas de gobierno de los candidatos a las elecciones nacionales del próximo 20 de octubre. 

PAN BOL propone gestar un Sistema Nacional de Seguro de Salud, que se financiará, además de los aportes patronales actuales, con un “Impuesto para Contribución Social Generalizada”, es decir que no solo haría uso de los saldos que tanto cuida la CNS, sino que aumentaría la carga de la ciudadanía con un nuevo impuesto, a fin de propiciar una nueva organización territorial del sistema de salud y un proceso de desconcentración, sin dar más detalles de su operativización.

El PDC parte de la Constitución Política del Estado y habla de la necesidad de una ley orgánica que explicite claramente el sentido de las políticas de salud, ratificando y ampliando lo que ya define la Constitución, reconoce al SUS como su modelo organizativo, proponiendo su renovación, así como una reingeniería de las cajas de salud, sosteniendo que existe demasiado personal innecesario. Señalan que los impuestos a la producción de coca, línea blanca, vehículos ilegales, contrabando ilícito rematado generarán medios económicos que serán destinados al SUS, dejando insostenible su financiamiento, ya que a simple vista no serán suficientes.

El Frente para la Victoria (FPV) propone realizar un Plan Nacional Integral de Salud con un alcance de 20 años, empero en tanto se desarrolle, la administración tratará de seguir con las mejoras “del caso”, manteniendo el ritmo de atención de la salud, calidad y desarrollo de infraestructura. Sostienen que aumentarán gradualmente el presupuesto del sector Salud (no menos de 2 puntos porcentuales en el quinquenio 2020 al 2025, aproximadamente Bs 3.200 millones), para lo cual se transformará la estructura financiera y de servicios, haciendo mención al “descuento de Impuesto a la renta por Honorarios por Servicios Personales” (un impuesto inexistente, que se presume crearán, sin saber si su recaudación será suficiente) que a la vez formará parte de la contribución del contribuyente al Sistema Social de Salud.

Comunidad Ciudadana nos habla de un “desarrollo equitativo” que contempla la salud fraterna y de calidad, a través de una “verdadera” cobertura de atención gratuita de salud para las personas que no cuenten con seguridad social de corto plazo, pero dotando de recursos financieros, personal, infraestructura y equipamiento al sector salud. Crearán un fondo de recursos específicos para el tratamiento gratuito del cáncer (actualmente ya es gratuito). Proponen la transformación digital del sector de salud mediante el uso de tecnologías que integren al Estado-paciente-profesionales del sector y crear un fondo solidario de salud con los “aportes” de los municipios que provendrán de los recursos remanentes anuales de salud y se destinarán a financiar la atención en hospitales de tercer nivel (medida compleja que puede ser considerada como una confiscación).

“Bolivia Dijo No” propone una reforma de la salud que tendrá como eje directriz la descentralización administrativa y financiera del sistema de salud pública a los gobiernos departamentales, que tendrán la responsabilidad principal de mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios médicos (no señala con qué recursos, actualmente los gastos en salud de tercer nivel son cubiertos con recursos del TGN). 

Señalan que el Seguro Universal de Salud se apoyará en el Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social que se financia con los aportes de empleados y empleadores, como en el Régimen no Contributivo de los seguros públicos financiado con los impuestos (no precisa cuáles) y fondos mancomunados del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales (esto es confiscación si no se considera su conformidad).

Tercer Sistema propone salud gratuita “sectorializada”, a través de la creación de otros seguros de profesores, campesinos, constructores, gremiales, lustrabotas, trabajadoras del hogar etc., cada uno con su propio seguro, administrado por los propios sectores, es decir con sus propios aportes. El Estado podrá subsidiar a los sectores que no puedan cubrir sus seguros en forma independiente (¿se quitará la gratuidad otorgada por el SUS?).

A juzgar por los documentos remitidos al Tribunal Supremo Electoral, muchas de las propuestas son meras buenas intenciones sin un respaldo sólido de su viabilidad financiera, es más, consideran los recursos de las instituciones de seguridad social (cajas de salud), como si éstas estarían dispuestas a cederlas o compartirlas, sin reconocer que el conflicto actual surge por un mandato legal que establece que la CNS destine sus recursos a la construcción de infraestructura que permitirá mejorar la atención de sus propios afiliados.

La autora es economista