Tiempo y lugar: clave en las decisiones

Es quizá el conflicto más prolongado que atravesó el Gobierno nacional en razón del “paro médico”. Una antesala conflictiva también tuvo escenarios diferentes aunque igual de antagónicos respecto el poder político.

Los cooperativistas; que se fueron sin soga y cabra, que tuvo un trágico final al victimar al Viceministro Illanes. Los discapacitados que a pesar de la forma excesiva en que se los abordó (en razón de la disuasión) tienen ahora un respaldo normativo que hace eco a su demanda en competencia concordante con gobiernos subnacionales. Sumados éstos al último conflicto en Achacachi, donde producto del desentendimiento político local gobierna la zozobra; son movilizaciones que no fueron resueltas sino disueltas políticamente.

Hay algo en común en todos estos conflictos. Si bien fueron demandas legítimas, estuvieron mal dirigidas y se tomaron por defecto decisiones hasta aberrantes. Si algo se debe reconocer en todo es la habilidad política de administración de conflictos en los tomadores de decisión en el nivel político nacional.

Surge la alerta por el daño a la salud o integridad física por mala práctica en el nuevo Código del Sistema Penal (CSP), y una serie de interpretaciones jurídicas emergen de la coyuntura unos más conservadores que otros, y un contingente mayor en las redes sociales con acciones irresponsables al desinformar.

Más de 40 días de movilización. Una demanda por demás legítima del sector médico, fue vanguardia exigiendo la derogación del Art. 205, y cuando todo parecía indicar que el escenario conflictivo daba luces de solución con los compromisos de abrogación de decretos supremos del área y derogación de la demanda (inicial) objeto; surge la famosa “consulta a las bases”.

Hecho lamentable porque no supieron “negociar” el conflicto. El pedido presidencial que vía Órgano Legislativo se deroguen los Arts. 137 y 205 y se revisen los Arts. 293 y 294 de la Ley 1005 de 15/12/2017; comprometió la solución con el sector, pero desacertada y prematuramente decidieron rechazarlo y pedir la abrogación de dicha ley. Nada más irracional y falto de toda previsión política. Los únicos responsables: la dirigencia, que se atrincheró y no supo tomar decisiones oportunas y por sobretodo correctas. La factura, por el incumplimiento en algunos servicios, para el pueblo boliviano que exigió atención a su derecho a la salud. Ante ello tuvieron que retroceder.

Valoro en toda su integridad a los excelentes médicos de la seguridad social a la cabeza del Dr. Marlon Jaimes y su equipo de Nefrología en el Hospital Obrero Nº1 que a diario salvan vidas, y esa pericia debe ser valorada por el Estado. Sin embargo también coincido en que es necesaria la regulación normativa en casos de delitos culposos en razón de la práctica médica, y desde luego el estudio (excepcionalmente) de encontrarnos con acciones dolosas.

El autor es abogado y periodista