Leyes no es Lula, ni viceversa

Lula está preso y continúa proclamando su inocencia desde tras las rejas, mientras Temer y sus adeptos se frotan las manos pues posiblemente la foto de la deidad petista (PT) no aparecerá en la próxima papeleta electoral. El elemento transversal de la odisea de Lula y de la desazón de sus seguidores tiene su origen en aquella plaga que azota a la política, la corrupción, de cuyos tentáculos no se salva ni la izquierda, ni la derecha.

Políticos, intelectuales y personalidades de renombre elevaron sus voces denunciando que Lula fue sentenciado sin pruebas, siguiendo instrucciones de quienes tienen el poder político y que pueden influenciar al órgano judicial. En castellano cochabambino, los derechistas dijeron al juez Moro, que sentencie a Lula; al tribunal de apelación, que aumenten la condena y al Supremo, que rechace sus hábeas corpus.

Es posible que se trate efectivamente de una conspiración política, que se estén instrumentalizando las investigaciones de mega-corrupción que salpican a actuales y exautoridades del Brasil y de la región. También es cierto que de existir pruebas sólidas de la inocencia de Lula, ningún tribunal se habría animado a condenarlo y menos aún rechazar un recurso como el hábeas corpus.

En este caso (hay otros más investigándose), un inmueble (triplex) parece ser el elemento contundente en su contra, como prueba o indicio definitivo, no saber explicar su procedencia es el problema. Si al final del camino todo se confirma seremos testigos del fin político de un líder alternativo, de un golpe de muerte al Partido de los Trabajadores, y de una gran incertidumbre en el Brasil. El capítulo final aún no está escrito, Lula, sus abogados y seguidores tienen un solo camino, demostrar su inocencia con pruebas (descargos) contundentes, más que con discursos, proclamas o adhesiones políticas.

A miles de kilómetros, en nuestro valle florido, estamos viendo el desarrollo de un culebrón cuasi telenovelesco que tiene al Alcalde como actor protagónico. Él fue denunciado por haber comprado varios miles de mochilas y material escolar para los niños del nivel inicial y primario, con un supuesto sobreprecio cercano a los 10 millones de bolivianos.

En este caso, el problema, además de la descomunal diferencia en el importe final, es que el principal implicado no está explicando por qué esos productos fueron comprados por el proveedor con tanta anticipación, en la cantidad y con el detalle de los requerimientos de una convocatoria que aún no se había siquiera elaborado. La estrategia de denunciar un complot político con el fin de liquidarlo políticamente ante la proximidad de las elecciones del 2019, me parece una apuesta arriesgada. El Alcalde tiene el derecho a la presunción de inocencia y la obligación de demostrarlo, de cara al juez y a la ciudadanía.

Concediéndole el beneficio de la duda, que realmente exista un complot en su contra en el proceso de investigación en curso, a él, a sus abogados y sus seguidores les corresponde presentar pruebas contundentes de que el proceso de compra fue transparente y lícito, velando por el interés de los niños y cuidando la plata de los cochabambinos. Si no pueden aportar pruebas categóricas, puede ser imputado y luego procesado penalmente por los delitos por los que se le acusa y, finalmente, condenado.

En ambos casos (Lula y Leyes) observo un triple telón de fondo, corrupción, falta de confianza en la administración judicial, politización de la justicia y/o al revés.

Para finalizar, de manera similar al caso que llevó a Lula a la cárcel, Leyes también podría ser encarcelado, con ello liquidaría su capital político, defraudaría a sus correligionarios y dejaría a Cochabamba en la incertidumbre. El problema es que Leyes no es Lula, ni viceversa.

El autor es abogado, diplomático y docente universitario