Judicialización de la política

El periódico El Siglo de Guatemala, en su edición del 1 de enero de 2019, destaca a Luis Revilla como uno de los mejores cuatro alcaldes de Latinoamérica.

Revilla ha alcanzado más del 58% de los votos, siendo el alcalde elegido con la mayor cantidad de votos en toda la historia de La Paz. Varios son los logros que destacan a su gestión como una de las mejores. Uno se refiere a la modernización del sistema de transporte, tarea titánica en una ciudad que es sede de gobierno, con la implementación de los Puma Katari, y en estos días del ChikiTiti. La urbe paceña recibió el galardón de ser una de las siete ciudades maravilla del mundo. Se la destaca por implementar los “Barrios de Verdad”, caracterizados por la buena práctica de participación ciudadana. Ha sido reconocida como ciudad modelo de la campaña mundial de ciudades resilientes pues, en 2011, gestionó de manera integral el megadeslizamiento evitando la pérdida de vidas humanas. Y el año 2018, La Paz ha sido denominada la Capital Iberoamericana de las Culturas.

A ese Alcalde, que logró posicionar a escala mundial una de las ciudades más importantes y pobladas del país, a ese mismo, de manera arbitraria y cínica se le niega la libertad mediante arresto domiciliario (con derecho a asistir al trabajo). No es menor el hecho de privar de libertad a una persona, es un monumental abuso de poder que nos demuestra que la crítica, u oposición nos hace vulnerables.

Una de las principales acusaciones, entre las varias que pesan en su contra, es por el deslizamiento de una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma. No se ha realizado ninguna auditoría ambiental para determinar la responsabilidad sobre el alcalde Revilla. Sin embargo, la justicia falló en contra del burgomaestre. Con el objetivo, claro está, de alejarlo de la alcaldía de La Paz.

Resulta irrisorio que uno de los pocos, sino el único de los municipios que tiene una planta de tratamiento para la basura esté en el ojo de la tormenta y sea cuestionado por daño ambiental. Si tal acusación, sin pies ni cabeza, merece un juicio, no quiero imaginarme qué le deparará, por ejemplo, al alcalde de Cochabamba por el botadero de Kara Kara, que se encuentra por décadas al aire libre y es un foco de contaminación que atenta permanentemente contra la salud pública. O a los responsables del incendio de la Amazonia.

Lo cierto es que el Gobierno ha hecho de la política una práctica represiva, en la que el ultraje por medio de la legalidad, juicios, arrestos, privación de libertad, se constituye en un instrumento político, más en el contexto actual en el que Revilla es aliado de Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales. Ultrajar al oponente y, de forma cínica, utilizar la justicia y las leyes cuando sabemos que éstas gozan de descrédito y están venidas a menos es una práctica común ahora. Así nos lo muestran los casos de perseguidos políticos como, Franclin Gutiérrez, Rafael Chambi, Sergio Pampa y, ahora, Luis Revilla.

La autora es socióloga y antropóloga