¡Finalmente!, “tenemos un gran problema económico”

Al inaugurar la feria “Hecho en Bolivia”, el presidente Luis Arce atribuyó la falta de ingresos y empleos a quienes consumen productos importados: “tenemos en el país un gran problema económico del que siempre hemos culpado a terceros: no hay empleo, no hay ingresos. Y es impresionante ver cómo quienes dicen que no hay empleo, son los primeros consumidores de productos importados”, dijo.

El argumento es que, mientras mayor es el consumo final de productos importados, menor es su producción interna, con la consiguiente menor creación de empleos productivos, reducción del ingreso laboral, y menor capacidad de consumo de los hogares. Desde Inaset, alertamos sobre estos efectos desde hace 35 años, por lo que celebramos que un presidente del Estado reconozca, finalmente, esta causalidad y, sobre todo, que la falta de empleo e ingresos es un “gran problema económico”, no un tema sectorial a ser abordado con políticas sociales o con transferencias asistenciales. Pero la coincidencia con el comentario presidencial, termina ahí, porque consumir lo importado constituye, hoy, una estrategia de sobrevivencia impuesta a los más pobres, y de ostentación subvencionada para los más ricos.

Desde 2000, el aporte de las importaciones a la demanda global interna (DGI) se ha acelerado: las importaciones pasan de ser el 33% del consumo total en 2000, al 46% en 2015; respecto al consumo de los hogares, las importaciones aumentan del 38% al 54%; sin embargo, el consumo de los hogares, que era el 74% de la DGI el año 2000, cae al 68% en 2015.

Este comportamiento no responde a leyes económicas inmutables o porque “terceros” nos lo impusieron: son consecuencia del modelo extractivo-rentista guiado por el crecimiento como fin, en el que la competitividad sistémica y el empleo digno, no son prioridad. En ese marco, otros factores e intereses rentistas, inciden para favorecer la tolerancia social al contrabando; el lavado de dinero; la política del tipo de cambio; o la financiarización de la economía. Hace 30 años que, para proteger la estabilidad macroeconómica, la prioridad es controlar la inflación, incluso tolerando el contrabando; pero, estructuralmente, nunca han sido prioridad el pleno empleo, mejorar la productividad o el poder adquisitivo del salario: el resultado es que el empleo informal y el cuenta-propismo forzado de baja productividad (bajos ingresos), afectan ahora hasta al 85% de la población ocupada.

El discurso político culpa a “la explotación capitalista” por la mala distribución del ingreso que reduce el consumo; pero una causa mucho mayor es la “voracidad recaudadora” del Estado –a través de impuestos indirectos que se trasladan al consumidor final vía precios, encareciendo al producto nacional. El año 2000, las recaudaciones equivalían al 38% de la remuneración a los asalariados, pero en 2016 llegan al 80%, relación que, en el resto de Sudamérica, varía entre un 14% (Ecuador) y un 30% (Argentina). Semejante (des)proporción de impuestos respecto al ingreso laboral, reduce el ingreso disponible; si, además, se suma la ventaja que un tipo de cambio sobrevaluado otorga a la producción externa y al contrabando, es racional que el consumo de los pobres opte por productos importados de menor precio, en tanto que los más ricos tienen opciones de consumo suntuario subvencionado.

Pero la incapacidad estructural de crear empleo e ingresos, no se compensa con la política de redistribución porque, según las cuentas nacionales, el flujo redistributivo está invertido. Por la presión fiscal, entre 2006 y 2016, el ingreso disponible de los asalariados se redujo en 200 mil millones de bolivianos, pero, en el mismo período, la transferencia total en bonos, llegó a unos 30 mil millones, es decir, a solo el 15% de lo “confiscado” por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

En síntesis, el empleo precario, la pobreza y la marginalidad, no son designios económicos inexorables ni imposiciones, sino resultados de políticas concretas –pero equivocadas–, que, más allá de los discursos y de las promesas, nunca fueron concebidas para avanzar hacia una economía diversificada de pleno empleo. La falta de empleo e ingresos, resulta de 200 años de gobiernos que, engolosinados con el extractivismo, prefieren ignorar que, el desarrollo socioeconómico sostenido, requiere un equilibrio dinámico entre oferta y demanda; ello implica, no la redistribución de excedentes (teoría del goteo), sino la distribución directa del ingreso conforme los procesos productivos crean empleo y agregan valor, asegurando a los asalariados una capacidad de consumo compatible con la capacidad del aparato productivo.

La realidad de la gente en las calles, pone en evidencia que la tasa de crecimiento –que tanto ensalzan los gobernantes– no es un indicador de salud de la economía: una economía es saludable solo si responde a las necesidades sociales de empleo, ingresos, equidad, y bienestar “amigable con la ecología”. Ahora que, finalmente, el Gobierno reconoce que la falta de empleo e ingresos es el gran problema económico, tiene la responsabilidad de conducirnos fuera del extractivismo, hacia una economía diversificada y de pleno empleo.

El autor es investigador en temas de desarrollo productivo