El abecedario de la libertad

El Pacto de Unidad, la suma de sectores sociales que de vez en cuando se reúne para manifestar su respaldo al Gobierno, propuso recientemente tratar una ley de medios/censura para evitar supuestas “distorsiones” de la información.

Que unos cuantos despistados planteen algo así en la Casa del Pueblo preocupa un poco, que lo hagan delante del presidente preocupa más, pero que el presidente no diga nada al respecto ya es alarmante.

No se trata solo de defender la libertad irrestricta que deben tener los medios para aproximarse, analizar y difundir las noticias cotidianas, sino de asegurar el intercambio democrático de ideas y la contrastación de opiniones diferentes en torno a temas relevantes de la agenda pública.

En el MÁS no son nuevas este tipo de iniciativas con las que algunos pretenden congraciarse con el líder. Ya se sabe que la obsecuencia es a veces inherente a cierta forma de hacer política, pero cuando se la practica en extremo se convierte en un peligro.

Los presidentes suelen buscar refugio en las masas cuando las cosas no les salen bien o cuando el termómetro de las críticas comienza a reflejar una temperatura incómoda. Nada mejor que escuchar elogios cuando los vientos no son tan favorables, aunque estas expresiones llevan implícito el rechazo a la opinión de quienes piensan diferente.

Y esto no es una cuestión que dependa del marcador que lleva la aguja de la izquierda a la derecha en la figura metafórica utilizada para definir los posicionamientos ideológicos. También en los gobiernos no populistas ocurría de vez en cuando que los gabinetes presidenciales o los partidos se reunían para ratificar su respaldo al jefe frente a las incomprensiones de sus adversarios.

El problema es cuando se concibe la política como un campo de batalla donde las ideas de unos deben imponerse y borrar a las de los otros.

Las escaramuzas discursivas son propias de la democracia, pero eso no significa desechar o censurar la visión ajena y mucho menos construir una ficción paralela (golpe) para que los otros no puedan oponerse sino es con el riesgo de quedar “fuera de la ley”.

En un escenario como el creado y promovido por el Gobierno, los “opositores golpistas” obviamente no pueden hablar de democracia y los medios que los “secundaron” tampoco pueden defender su derecho a la libertad de prensa. Si el adversario está “fuera de la ley”, entonces se “justifica” la persecución y el perfil “autoritario” se transforma en “justiciero”.

La procesión de los fieles del Pacto de Unidad a la Casa del Pueblo responde a la necesidad de demostrar una vez más que, para el pensamiento populista, la contraparte supuestamente democrática es solo el pueblo organizado en grupos afines frente a los “enemigos” dispersos. El resto no participa o puede ser susceptible de censura, como en el caso de la mentada propuesta de ley.

Es el “pueblo-militancia” el que socializa y traduce la narrativa propia, el que transmite un discurso polarizado que, de antemano, figura en el inconsciente de los sectores que se sienten postergados y que se creen finalmente reivindicados por un Gobierno que está de “su lado”. Cualquier otra visión es conspirativa y sus portavoces deberían atenerse a las consecuencias.

Las amenazas, además, trascienden lo mediático. No es una cuestión solo de periodistas. Es un mensaje a los diferentes actores internos y externos: a empresarios, a intelectuales/opinadores, a políticos, a militantes indisciplinados, a representantes de organismos internacionales, a la Iglesia, en fin: a todo aquel que exprese discrepancia respecto a las decisiones de gobierno.

En la cadena general de la narrativa oficial existe un eslabón discursivo para cada uno de estos sectores: el debate sobre el modelo de desarrollo solo existe si está dentro de los principios y objetivos del Modelo Económico Social Productivo Comunitario; la historia reciente solo tiene una explicación a partir de una supuesta refundación del Estado ejecutada desde el año 2006; si hay problemas hoy es porque los creó el breve gobierno anterior; la libertad de prensa termina donde comienza la crítica; la crítica es siempre de derecha; la venganza puede vestirse de justicia y no verse tan mal; la coca es sagrada y los cocaleros un batallón que reivindica la soberanía. Y así en todo existe un relato oficial que no admite divergencias.

Obviamente una ley como la propuesta por el Pacto de Unidad difícilmente será aprobada en una instancia legislativa y hasta es posible que algunos miembros del Gobierno cuestionen su pertinencia, pero la criminalización de la discrepancia no necesita de normas para aplicarse, sino de la generación de un clima represivo y de temor que inhiba o modere la crítica.

Y en esta historia hay antecedentes que preocupan, como los atentados de noviembre de 2019 a casas de periodistas y opositores, las amenazas contra defensores de derechos humanos y artistas, entre otras manifestaciones de intolerancia que desgraciadamente coinciden con el discurso oficial.

La “ley” de la intimidación está vigente y sus ejecutores andan sueltos por ahí, entre las ruinas institucionales de un Estado en acelerado proceso de destrucción y esto no debe preocupar solo a los que ya cayeron o los que están por caer, sino a todos, porque el riesgo se extiende en las más diversas direcciones.

No es necesario ser solo un opositor político, en el sentido tradicional de emitir rutinariamente opiniones en torno a la agenda gubernamental. El rastrillaje abarca también las redes o cualquier tipo de herramienta a través de la cual pueda compartirse un criterio, como una caricatura (Abecor), por ejemplo, o una obra que no sintonice con el encuadre oficial (Roberto Valcárcel) y así sucesivamente en otros campos.

Sin advertirlo del todo, vivimos en un país de censura, de línea oficial que debería ser la única línea, de intimidación transformada en norma que se filtra imperceptible o bulliciosamente en nuestras vidas, para dirigirnos a un espacio de pensamiento inofensivo y de complicidad no reconocida, con un discurso que una amplia mayoría no comparte.

Así, la magnitud del desafío es no solo ofrecer resistencia, sino construir una narrativa alternativa, una suerte de abecedario de la libertad que todos deben comenzar a aprender y compartir.

El autor es periodista y analista