“Buscando un delito” para condenarla

Ahora resulta que Jeanine Áñez y su abogado, los políticos, periodistas, analistas y otros teníamos razón, y que la detención de la expresidenta es nomás ilegal, arbitraria y abusiva. Eso, por las siguientes razones:

Ilegal, porque no se le concede caso de corte, como corresponde a una expresidenta constitucional del Estado, pero, además, porque en su llegada a la primera magistratura no se violó norma alguna. Arbitraria, porque se usa la fuerza del Estado para ejecutar una vendetta (mafiosa) política. Y abusiva porque la mantienen detenida cómo y cuánto les da la gana “hasta que pillen” que figura penal le pueden construir para justificar el abuso y, aun así, probablemente no entiendan que la ley con la que se juzga a una persona no es retroactiva, sino que, la nueva norma está hecha para lo venidero (esto se fundamenta más adelante).

Porque no hay ley para juzgar a Jeanine Áñez. En efecto, resulta que no es que se le haya ocurrido a un juez o a alguien del poder judicial decirlo y argumentarlo; muy por el contrario, tuvo que ser la intervención de la ONU, a través de sus comités: Contra la Tortura de la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que observaron la vaguedad, entiéndase falta de claridad, precisión o exactitud, en la “definición de los tipos penales de terrorismo y sedición en la normativa boliviana”. Y que ambos, (y en esto no hay vaguedad alguna) son usados con fines de persecución a opositores políticos.

Las comisiones de la ONU se pronunciaron y generaron una tempestad, porque, dos de tres acusaciones se caen y eso hace que el poder decida “un giro en el caso terrorismo I”. Lo aseguró el viceministro de justicia Siles, en entrevista con Erbol, el viernes de la semana que termina. El ministerio ha decidido revisar los tipos penales, concretamente, terrorismo y sedición y “quedarse solamente con el delito de conspiración. Involucraremos otros tipos penales o tendremos que iniciar nuevamente la investigación por los tipos penales modificados”.

Esto último es una barbaridad: ya tienen a los detenidos y buscan la ley que los sentencie; no otra cosa significan las palabras del Viceministro. El Ministerio de Justicia estaría por presentar un proyecto de ley para modificar estos delitos en la legislación, modificación que, habría que ver si alcanza a la señora Áñez, porque la ley, repito, rige para lo venidero y conociendo a la gente del poder, si se les permite hacerla retroactiva, lo único que va a faltarle a ese proyecto seguramente será: “que sea mujer, que se tiña el pelo y que diga puej”.

Extraña, por lo “de quién viene”, el reconocimiento, pero no el que lo usen, el Viceministro está ahí para ser el que explique lo inexplicable: por qué aceptan solo ahora la ambigüedad y vaguedad de los tipos penales y, esto es lo peor, por qué insistieron con lo suyo de la manera que lo hicieron, es decir, por qué usaron la ley con fines de persecución a opositores políticos (en esto, tomo el texto de las comisiones de la ONU).

Pero como tampoco hubo conspiración (tercera acusación) de parte de Áñez, esta farsa no debiera seguir, más bien debiera ser razón suficiente para reconocer el error y la ausencia de delito y, si fueran honestos, iniciar la investigación sobre el fraude donde si hay elementos de prueba que no han podido ser derrotados por Morales, Arce Catacora en el papelón en EEUU, de donde no salió una sola nota que valga la pena considerar, Lanchipa (informe de Corchado), los escribidores del New York Times y del Washington Post, con lo que mostraron la imposibilidad de destruir el Análisis de integridad electoral de la OEA, de manera que, fraude es fraude y, en algún momento este debe ser llevado a estrados judiciales y, como lo que buscan es tener a alguien procesado, que tengan uno con motivo, es decir, pongan a Morales en el banquillo de los acusados. Pero, por el momento, eso es mucho pedir.

Personalmente dudo que el “sincericidio” del viceministro de Justicia, César Siles, cuando “avisó” que habrá un “giro” en el desarrollo del caso denominado “golpe de Estado I”, sea una decisión propia; al contrario: tengo la certeza de que suena menos dramático si lo dice un “segunda línea” (pinche, les dicen en La Paz a esos) que nunca había estado en estas cosas y, no el principal protagonista de la acción: el Ministro de Justicia que creyó que con su arrojo, se quedaba los cinco años de ministro y hasta podía ser presidenciable (no se queda en chicas). No hay duda de que esto debió salir a explicarlo el ministro, pero, para eso hay que tener lo que el señor Lima Magne parece haber perdido: la decencia de reconocer lo mal que se hicieron las cosas. El Viceministro, argumentó, además, que dichos tipos penales se encuentran sujetos a una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, que presentó Eva Copa y que espera el fallo y, aun así siguieron.

Dejándose sin efecto (como debe ser) los tipos penales señalados, “por ser vulneratorio de derechos” y, mientras se modifica el delito de terrorismo, lo que corresponde es dejar en libertad a Jeanine Áñez y a los que están detenidos por las mismas causas, darles la posibilidad de que se defiendan en libertad y que toda causa que se intente seguir sea en un juicio de responsabilidades que es lo que corresponde y no el llamado Terrorismo 2, que debió ser incluido en el 1, porque no había necesidad de dilatar (esa es la intención del poder)

Nótese cómo se juega con la libertad de las personas: asegurar: “Al final quedaremos solamente con el delito de conspiración, involucraremos otros tipos penales o tendremos que iniciar nuevamente la investigación por los tipos penales modificados” es la demostración de que nunca supieron exactamente qué hacer para no tener que ir a un juicio de responsabilidades.

Ya sabemos que el Viceministro se ha reunido con fiscales y “acordaron que se debe esperar la modificación de los tipos penales de terrorismo y sedición en el Legislativo o la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad, sin embargo, como consideran que existen hechos que no pueden quedar impunes, se optó por dividir el caso “golpe I” y abrir el caso “golpe II”. Y terminó: con una sentencia, Áñez ya no tendrá el argumento de que está detenida sin condena, aunque podrá acudir también a instancias de apelación. Esto muestra que no es que “recién se enteraron de las objeciones de la ONU”, es simplemente mostrar el poder de mantener detenida a Áñez y a sus excolaboradores.

Está claro: primero la detuvieron y luego intentaron (siguen en ello) construir el caso, y como no pueden encontrar una figura penal para procesarla quieren modificar el Código Penal, esto va contra todos los principios del derecho penal y del debido proceso

A ver que sigue; más abusos, seguro.

El autor es periodista